El sonado caso de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada en el centro de Madrid tras décadas en régimen de renta antigua caducado, ha vuelto a situar en el centro del debate la crudeza de la política de vivienda en España. Sin embargo, lejos de tratarse de una excepción, la radiografía oficial de los tribunales revela una realidad demoledora: desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa a mediados de 2018, los juzgados han ejecutado más de 272.417 desahucios en toda España. Una media que sitúa la cifra de lanzamientos en unos 90 desalojos diarios durante los últimos ocho años. Así lo recoge El Español.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el grueso de las intervenciones judiciales responde a imprevistos e impagos en el mercado del arrendamiento. De las más de 272.000 ejecuciones registradas en el periodo socialista, más de 191.000 desahucios se produjeron por incumplimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta cifra implica que, de media, unas 63 familias al día pierden la vivienda en la que residían de alquiler. Por su parte, los desahucios vinculados a impagos de hipotecas acumulan un total de 63.272 casos desde mediados de 2018.
Solo en el año 2025 —último ejercicio completo contabilizado—, los jueces y las fuerzas de seguridad ejecutaron 24.540 lanzamientos. El reparto territorial muestra una fuerte concentración en las autonomías más pobladas: Cataluña encabeza la lista con holgada distancia sobre la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
A pesar de la magnitud de estas cifras, las estadísticas del CGPJ reflejan una tendencia descendente respecto al pico registrado en 2019, cuando se alcanzaron los 54.006 desalojos en un solo año. No obstante, fuentes del sector inmobiliario descartan categóricamente que este descenso responda a una mejora de la economía o del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Al contrario, los expertos denuncian que la bajada del número de lanzamientos es el resultado de la maraña regulatoria del Gobierno, que ha ido encadenando moratorias desde la pandemia de 2020 para congelar temporalmente los desahucios de colectivos vulnerables. Una política calificada por el sector como una «patada hacia adelante» que no soluciona la raíz del problema y que únicamente aplaza ejecuciones inevitables.
El tapón legislativo saltó por los aires a principios de 2026, cuando el Congreso de los Diputados derogó el Decreto-ley 2/2026, el cual mantenía la paralización automática de los desalojos. Tras la caída de la norma, los tribunales han comenzado a tramitar de nuevo los expedientes paralizados, lo que augura un notable repunte de lanzamientos en los próximos trimestres.
Las señales de alarma ya son evidentes en el ámbito hipotecario. Mientras el Gobierno aplicaba prórrogas artificiosas, los juzgados acumulaban demandas por impago de préstamos para vivienda habitual:
Con la presión judicial al alza, el Ejecutivo negocia a toda prisa con sus socios parlamentarios un nuevo Real Decreto —que busca aprobar con urgencia— para reimplantar las moratorias tumbadas antes del verano. Desde el sector de la vivienda advierten de que insistir en la congelación de los procedimientos no resolverá la crisis y terminará estrangulando aún más la oferta de alquiler, endureciendo de paso las condiciones exigidas por las entidades bancarias para acceder a una hipoteca.
