El Gobierno ha encontrado una peculiar forma de abordar la polémica por las joyas intervenidas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reclamado una regulación común sobre los regalos que reciben los cargos públicos y, para defender la necesidad de establecer unas reglas claras, ha comparado las joyas atribuidas por Zapatero a la Casa Real saudí con una simple caja de productos típicos.
En una entrevista en La Radio Canaria, Torres fue preguntado por la explicación ofrecida por Zapatero al juez José Luis Calama. El expresidente sostiene ahora que las piezas de mayor valor que fueron encontradas en una caja fuerte de su despacho fueron un «obsequio» personal del rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, entregado en junio de 2007 durante su visita oficial a España.
La defensa de Zapatero asegura que se trata de tres juegos de joyería con rubíes, esmeraldas y zafiros y que fueron recibidos en el Palacio de la Moncloa. También sostiene que el expresidente desconocía su valor material y que las conservó junto a otras joyas familiares. La primera tasación encargada por el juez situó el valor de las piezas en 1,3 millones de euros, cantidad que la defensa rechaza.
Torres ha evitado responder directamente a si él habría conservado unas joyas de semejante valor si las hubiera recibido siendo cargo público. En su lugar, ha planteado una comparación mucho más cotidiana: «Si le regalan una caja de productos típicos a un representante público para que los deguste, ¿qué hay que hacer al respecto?». El ministro considera necesario establecer unas normas homogéneas para todas las administraciones y garantizar la transparencia de los representantes públicos.
La cuestión, sin embargo, se produce en un contexto judicial muy concreto. Zapatero está investigado en el caso Plus Ultra y el juez mantiene abierta una pieza separada relacionada con las joyas por posibles delitos fiscales y de contrabando. El expresidente ha solicitado además que se recabe cooperación judicial de Arabia Saudí para confirmar oficialmente su versión sobre el supuesto regalo.
Torres ha pedido esperar a que finalice el procedimiento judicial y ha defendido que el caso sirva para establecer reglas que eviten situaciones similares en el futuro.
La polémica llega además después de que desde la oposición se haya cuestionado que el problema sea la falta de regulación. Cuca Gamarra ha sostenido que ya existe un Código de Buen Gobierno aprobado en 2005, durante el primer Gobierno de Zapatero, que establecía obligaciones sobre los regalos recibidos por los altos cargos.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa y la procedencia, valor y tratamiento legal de las joyas deberán quedar determinados dentro del procedimiento.
