Joyas, spray pimienta y Maricarmen. Son tres temas top viral hoy en España. Pero sobre esta señora última, los datos revelan que todo es una gran creación de la sincronizada. Los hechos revelan que la anciana cuenta con una pensión de 1.450 euros, un alquiler de renta antigua caducado hace casi dos décadas y la negativa de la inquilina a aceptar la ayuda del Ayuntamiento.
El reciente desahucio de Maricarmen, de 87 años, de su piso en la calle Sainz de Baranda ha acaparado la atención mediática y el debate político. El caso ha sido rápidamente instrumentalizado por el bloque de izquierdas y partidos afines al Gobierno como un ejemplo paradigmático de la crisis habitacional y la supuesta desprotección de los mayores.
Sin embargo, los documentos y el historial legal de la inquilina arrojan una realidad muy distinta que desmonta la narrativa de vulnerabilidad extrema y señala un aprovechamiento de las políticas de la dictadura franquista. Tal y como confirma Vloonk.
El historial de un contrato caducado
Maricarmen se mudó al inmueble en 1956, con apenas 17 años, gracias a un contrato de arrendamiento de renta antigua firmado por su padre. Tras el fallecimiento de este alrededor de 1960, la madre de Maricarmen asumió el alquiler en lo que la ley define como una primera subrogación.
Al fallecer su madre en 2005, Maricarmen pasó a ser la titular mediante una segunda subrogación. La Ley de Arrendamientos Urbanos es clara al respecto: el derecho a permanecer de forma indefinida solo ampara al titular original y a la primera subrogación. La segunda subrogación únicamente otorga derecho a mantener el contrato por dos años, a menos que el inquilino acredite una discapacidad superior al 65%, una circunstancia que Maricarmen no cumple. En la práctica, la inquilina ha dispuesto de más de veinte años para buscar un nuevo hogar, pero simplemente optó por no hacerlo.
Las cifras del Retiro frente al mercado
El empeño de la inquilina pasaba por seguir pagando 440 euros mensuales por un inmueble situado en el barrio del Retiro, una de las zonas más caras y exclusivas de Madrid. Se trata de un piso de 92 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones, salón, cocina, baño y un cuarto de servicio.
Para poner estas cifras en perspectiva, el precio de mercado actual para un piso de características casi idénticas (tres habitaciones y unos 94 metros cuadrados) en la misma calle Sainz de Baranda se sitúa en los 2.950 euros al mes.
Tampoco se trata de un perfil sin recursos económicos. Maricarmen trabajó durante 49 años como auxiliar administrativa, jubilándose en 1998. Actualmente, percibe una pensión que ronda los 1.450 euros mensuales.
Rechazo a las alternativas de alojamiento
Frente al relato de una mujer mayor arrojada a la calle sin recursos, los datos confirman que Maricarmen contaba con una red de apoyo y alternativas viables. Un primo suyo le ofreció su propia casa para que se instalara, propuesta que ella declinó. Además, el Ayuntamiento de Madrid le ofreció una plaza de emergencia gratuita en una residencia municipal, una solución habitacional que también fue rechazada de plano.
Voces críticas y defensores de los derechos de los propietarios han denunciado que la izquierda y la "sincronizada" mediática han omitido deliberadamente toda esta información. Señalan que se ha construido un relato sesgado para atacar a los propietarios, ocultando lo que califican como un evidente caso de caradurismo en el que se ha exigido vivir en una de las mejores zonas de Madrid pagando una fracción de su valor, en lugar de trasladarse a un área más asequible conforme a sus amplios ingresos y el fin legal de su contrato.
