La flota española vive una situación límite ante la caducidad inminente del acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Mauritania, el más importante para el sector comunitario. El protocolo actual expira el 14 de noviembre, y las negociaciones para renovarlo están estancadas, según ha informado EFE Agro (Mercedes Salas, 22/09/2026).
Armadores y sindicatos han enviado una carta conjunta al comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, reclamando un “esfuerzo urgente” para evitar que los barcos europeos —especialmente los españoles— tengan que abandonar las aguas mauritanas. La misiva está firmada por Europêche y la federación sindical ETF, que advierten de que la situación es “crítica”.
El acuerdo ofrece cerca de 100 licencias, de las cuales más de 50 corresponden a España, beneficiando a marisqueros andaluces, atuneros, merluceros gallegos y palangreros. A cambio, la UE paga 60,8 millones de euros a Mauritania. Sin embargo, las exigencias económicas del país africano son uno de los principales escollos para cerrar un nuevo protocolo.
El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha señalado a EFE Agro que el sector pide “al menos una prórroga de un año” para evitar que los barcos tengan que abandonar el caladero, algo que considera “muy duro” y con consecuencias inmediatas para miles de familias.
La armadora del merlucero gallego Fuente de Macenlle, María José de Pazo, advierte de que los buques de su categoría “no tienen opción B”: Marruecos está cerrado, Senegal tiene “tarjeta amarilla” de la UE y Guinea Bisáu es la única alternativa para algunos segmentos. La lonja de Cádiz, dependiente en gran parte de las descargas procedentes de Mauritania, “tendría que cerrar” si el acuerdo cae.
El sector denuncia además la creciente competencia de China y Rusia en aguas mauritanas, lo que dificulta compartir el caladero y pone en valor que la flota europea ofrece “más garantías de pesca sostenible”.
Europêche y ETF reclaman a Bruselas un protocolo fuerte, con mejores condiciones técnicas y vedas basadas en informes científicos, y no en “sorpresas” como las que han afectado al acuerdo actual.
Si la UE no actúa de inmediato, el 14 de noviembre podría convertirse en una fecha negra para la pesca española: pérdida de caladeros, caída de ingresos, cierre de lonjas y un golpe directo a la identidad de comunidades enteras que dependen del mar.
