A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, las principales organizaciones agrarias y cooperativas han lanzado un mensaje claro: el futuro del campo español depende de medidas urgentes que devuelvan rentabilidad a las explotaciones y permitan la incorporación de nuevos agricultores y ganaderos.
Entre las principales reivindicaciones figura la lucha contra el incremento de los costes de producción, que continúa castigando a miles de profesionales del sector. El encarecimiento del gasóleo agrícola, la electricidad y los fertilizantes ha reducido los márgenes hasta el punto de que, según denuncian las organizaciones agrarias, muchas explotaciones tienen dificultades para mantenerse viables.
Además de reclamar el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, el sector coincide en la necesidad de que España defienda en Bruselas una Política Agrícola Común (PAC) dotada de recursos suficientes para afrontar retos como el cambio climático, la volatilidad de los mercados internacionales y la adaptación tecnológica de las explotaciones.
La preocupación por el relevo generacional es otra de las grandes demandas. Organizaciones como COAG alertan sobre las crecientes dificultades de los jóvenes para acceder a la tierra y denuncian la progresiva concentración de superficie agraria en manos de fondos de inversión. Según sus estimaciones, esta tendencia amenaza el modelo de agricultura profesional y familiar que tradicionalmente ha sustentado el medio rural.
Por su parte, UPA insiste en la necesidad de aprobar una Ley de Agricultura Familiar que garantice el mantenimiento de un tejido productivo arraigado al territorio. La organización también reclama más herramientas para movilizar tierras sin sucesión y favorecer la incorporación de nuevos profesionales.
Las cooperativas agroalimentarias, mientras tanto, piden una modernización de la legislación fiscal que regula su actividad, vigente desde la década de los noventa, así como un gran pacto nacional sobre el agua que aporte estabilidad y seguridad a largo plazo.
Las demandas se completan con propuestas para reforzar los controles a las importaciones, mejorar los seguros agrarios, adecuar la normativa energética a las necesidades del sector y ampliar los apoyos a la ganadería extensiva.
En definitiva, el campo llega a la campaña electoral del 29N con un mensaje común: sin rentabilidad, tierra accesible y oportunidades para los jóvenes, el relevo generacional y la supervivencia de numerosas explotaciones quedan seriamente comprometidos. El sector reclama menos promesas y más compromisos concretos para garantizar el futuro del medio rural español.
