El sector del aceite de oliva español ha mostrado su profundo malestar ante la última decisión del Gobierno para intentar estabilizar los precios en origen. Desde hoy, los productores deberán almacenar obligatoriamente el 12% de la producción, una medida que busca reducir la oferta disponible y evitar que las cotizaciones sigan cayendo. Sin embargo, la iniciativa ha provocado una fuerte polémica entre los agricultores, que consideran injusto limitar la comercialización del aceite español mientras continúan creciendo las importaciones procedentes de países como Marruecos y Túnez.
La intervención pretende retirar del mercado aproximadamente 188.000 toneladas de aceite de oliva. El mecanismo se activa cuando las existencias acumuladas y las previsiones de producción superan determinados niveles, con la intención de equilibrar la oferta y sostener los precios. No obstante, las organizaciones agrarias cuestionan su eficacia ante el importante aumento de las compras de aceite extranjero por parte de la industria.
Uno de los principales motivos de indignación entre los olivareros es el espectacular crecimiento de las importaciones procedentes de Marruecos. Los datos aduaneros correspondientes al periodo comprendido entre enero y julio de 2026 reflejan la entrada de más de 22.600 toneladas de aceite marroquí, frente a las menos de 400 toneladas registradas durante los mismos meses del año anterior.
Esto representa un incremento superior al 5.600%, una evolución que ha encendido todas las alarmas en el campo español. Algunas organizaciones agrarias aseguran que el crecimiento ha sido todavía mayor en determinados periodos y consideran que esta situación perjudica directamente la rentabilidad de las explotaciones nacionales.
