La Fiscalía Europea ha iniciado formalmente una investigación por presunta malversación de caudales públicos y/o defraudación de subvenciones europeas en relación con los fondos destinados al mantenimiento y conservación del tramo ferroviario de Adamuz (Córdoba), escenario del trágico choque entre un tren Alvia e Iryo el pasado 18 de enero.
El accidente, que causó 46 fallecidos y se ha convertido en la mayor catástrofe de la historia del AVE español, tuvo como hipótesis principal un defecto grave en la infraestructura: una soldadura defectuosa entre un tramo de vía instalado en 1989 y otro renovado en 2023. Este fallo habría provocado el descarrilamiento del tren Iryo, con consecuencias devastadoras.
Tras una fase preliminar de verificación iniciada apenas una semana después del siniestro, la Fiscalía Europea ha constatado que parte de los fondos europeos asignados a la mejora y conservación de la red ferroviaria española se destinaron precisamente a ese tramo cordobés. Ahora, las pesquisas buscan determinar si existió un uso indebido o fraudulento de esas ayudas comunitarias.
La delegación de la Fiscalía Europea en España ha asignado a dos fiscales de su equipo (de los siete que operan en el país) para llevar el caso. Entre las primeras diligencias se incluyen requerimientos de información a la juez del Juzgado de Montoro (Córdoba), que instruye las causas técnicas del accidente. También a Adif y a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio correspondiente.
En paralelo, la Audiencia Nacional ha designado al juez José Luis Calama como juez de garantías para supervisar cualquier medida que pueda afectar derechos fundamentales, adoptar cautelares urgentes o proteger testigos y peritos si así lo solicita la Fiscalía Europea.
La investigación se encuentra en fase incipiente y sigue el procedimiento habitual de la Fiscalía Europea: primero se verifica el destino de los fondos comunitarios y, solo si aparecen indicios sólidos de irregularidades, se procede a incoar formalmente el procedimiento penal.
Este caso se suma a otras investigaciones de alto perfil que lleva la Fiscalía Europea en España, como las relacionadas con adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés. Desde su implantación en 2021, el organismo ha incrementado notablemente su actividad: en 2025 gestionó 97 casos activos, con un 100% de condenas en los juicios celebrados.
A dos meses del accidente de Adamuz, la reapertura de la línea Madrid-Sevilla permitió a algunos pasajeros grabar imágenes de los vagones siniestrados aún visibles desde el convoy. La tragedia ha puesto en jaque la imagen de seguridad del sistema de alta velocidad español y ha intensificado el escrutinio sobre el mantenimiento de las infraestructuras gestionadas por Adif.
La entrada en escena de la Fiscalía Europea añade ahora una dimensión financiera y comunitaria al caso, que podría tener repercusiones políticas y judiciales de gran calado en los próximos meses.
