Quince años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada, la aparición de nuevos indicios relacionados con el entorno radical abertzale vuelve a encender las alarmas. Una investigación publicada en exclusiva por The Objective revela que los dos detenidos en Guipúzcoa por presuntos delitos de terrorismo tenían en su poder información especialmente sensible sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de documentación vinculada a la antigua organización terrorista.
Los hechos, que se remontan al control policial realizado el 26 de septiembre en Escoriaza, dibujan un escenario preocupante. En la mochila intervenida a Aratz Bilbao, los agentes de la Ertzaintza encontraron el contenido íntegro del teléfono móvil de un agente de la Policía Nacional, información sobre un posible zulo, datos de integrantes de otros cuerpos policiales y decenas de anotaciones manuscritas con matrículas de vehículos.
El material intervenido incluía también dispositivos encriptados, fotografías de entrenamientos para la perpetración de actos violentos, imágenes con banderas de ETA y documentos relacionados con la organización abertzale Jardun. En el vehículo, los agentes localizaron planos de antiguos escondites de la banda terrorista y listados de guardias civiles.
Según la información publicada por The Objective, los detenidos españoles tenían órdenes de control discreto por motivos de seguridad nacional emitidas por Francia e Italia. El tercer ocupante, un ciudadano irlandés que viajaba sin teléfono ni documentación identificativa, también figuraba en los registros de las autoridades francesas.
La Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional a los dos investigados. La existencia de este material constituye un motivo de preocupación, aunque será la investigación judicial la que determine el alcance de los hechos, las responsabilidades individuales y si existía un proyecto concreto para cometer atentados.
La alarma llega en una fecha especialmente simbólica. El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el final de su actividad armada. La organización se disolvió formalmente en 2018, pero el cierre de sus estructuras no ha supuesto el esclarecimiento de todos sus crímenes.
El balance histórico de la banda asciende a 853 personas asesinadas. Según las estimaciones de las asociaciones de víctimas recogidas por The Objective, 379 asesinatos continúan sin una sentencia firme que identifique a todos sus autores materiales o intelectuales.
Detrás de esas cifras hay familias que todavía desconocen quién mató a sus seres queridos, quién dio las órdenes o qué miembros de la organización participaron en los atentados. En numerosos casos, además, el transcurso del tiempo ha complicado las investigaciones y ha provocado que determinadas responsabilidades penales prescriban.
La impunidad de esos asesinatos constituye una de las principales reivindicaciones de las víctimas del terrorismo. No reclaman venganza, sino verdad, justicia y colaboración efectiva de quienes conocen información que podría permitir esclarecer los crímenes.
La política penitenciaria es otro de los focos de controversia. Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, se han multiplicado las progresiones de grado y las medidas que permiten a condenados por terrorismo salir de prisión durante parte del día o acceder a regímenes más flexibles.
Entre los casos que han suscitado mayor polémica figuran los siguientes:
Estos casos no significan que todos se encuentren en libertad plena: el tercer grado, la libertad condicional y las modalidades de semilibertad son situaciones penitenciarias distintas. Sin embargo, reflejan la controversia sobre la aplicación de beneficios a condenados por delitos de sangre, especialmente cuando quedan crímenes pendientes de esclarecer.
Las asociaciones de víctimas de ETA cuestionan que se concedan beneficios sin exigir, en todos los casos, una colaboración efectiva para aclarar atentados pendientes. También denuncian que el acercamiento a las cárceles vascas y el fin de la dispersión han ido acompañados de una flexibilización penitenciaria que consideran excesiva.
El debate sobre ETA tiene una dimensión que va más allá de las cárceles. Pedro Sánchez ha convertido los acuerdos con EH Bildu en una de las piezas de su estrategia parlamentaria. El PSOE ha negociado y pactado con la formación abertzale para sacar adelante iniciativas y garantizar apoyos fundamentales para su continuidad política.
