El Ministerio de Igualdad ha conseguido protagonizar una de esas paradojas que parecen escritas para una sátira política. La asociación Trans No Normativos (TNN), integrada principalmente por militares y policías trans, denuncia que el departamento dirigido por Ana Redondo le ha denegado una subvención al considerar que no cumple el requisito de contar con al menos un 65% de mujeres en su junta directiva.
El problema, según la entidad, es que tres de sus cuatro integrantes son mujeres trans con sexo registral femenino. Es decir, el 75% de la dirección. Por encima del porcentaje exigido. Las matemáticas, al menos en esta ocasión, no parecen especialmente complicadas. La controversia está en cómo se ha llegado a la conclusión contraria. Pero Igualadad se hace (la picha) un lío… Y quizás no sea para menos, a tenor por el logo de TNN, que nos recuerda a Freddie Mercury en pleno concierto con Queen.
Según la información publicada por The Objective, la asociación sostiene que el Instituto de las Mujeres habría interpretado que sus cuatro dirigentes eran hombres a partir de sus nombres y apellidos, sin comprobar adecuadamente la documentación que acreditaba su situación registral.
TNN denuncia que no se habrían revisado los documentos necesarios para verificar la composición de la junta y exige una explicación pública sobre los criterios empleados para denegar las ayudas. La resolución, de acuerdo con la información publicada, no detalla qué documentación concreta se consideró insuficiente.
La asociación habla de posible «transfobia institucional» y reclama transparencia. No da por probada una discriminación deliberada, pero considera que el episodio merece una aclaración. Mientras, igualdad sigue con el lío genital, y tal.
La historia tiene un ingrediente que invita a la ironía. En España existe una asociación de militares y policías trans que se define como Trans No Normativos, y que reclama reconocimiento y apoyo institucional. Hasta ahí, el funcionamiento de una sociedad plural.
Lo verdaderamente llamativo llega cuando esa entidad acude al Ministerio de Igualdad en busca de una subvención y termina denunciando que la Administración no ha reconocido correctamente la identidad de género de sus dirigentes.
El ministerio que presume de combatir la discriminación por identidad de género acaba teniendo que responder a una acusación de discriminación procedente, precisamente, de una asociación trans.
Si la versión de TNN es correcta, el departamento de Ana Redondo habría incurrido en el error de juzgar por los nombres a quienes, según la propia asociación, debían ser evaluadas conforme a su documentación registral. Y de nuevo, el lío…
Una ironía difícil de ignorar en una Administración que lleva años defendiendo que la identidad de género no debe quedar sometida a prejuicios ni estereotipos.
Quizá el Ministerio necesite una guía urgente para sus propios funcionarios: antes de determinar quién es quién, conviene comprobar los papeles. No parece una exigencia revolucionaria, sino un principio elemental de cualquier procedimiento administrativo.
La paradoja alcanza también a la legislación impulsada durante la etapa de Irene Montero al frente de Igualdad. La ley trans convirtió el reconocimiento registral de la identidad de género en uno de los grandes ejes de la política del departamento. Sin embargo, ahora una asociación vinculada a ese colectivo sostiene que el organismo dependiente del mismo ministerio no habría tenido en cuenta precisamente ese reconocimiento.
