El cerco judicial sobre el PSOE se estrecha. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concedido al partido de Pedro Sánchez un plazo de 48 horas para entregar la relación completa de los despachos de abogados, letrados y consultoras contratados entre 2021 y 2025, después de que la formación socialista no atendiera el requerimiento que el magistrado había formulado el pasado 6 de octubre.
La decisión, adelantada por The Objective, supone un nuevo episodio de presión judicial sobre las cuentas y los procedimientos internos del partido que dirige el presidente del Gobierno. Pedraz reclama tanto la identificación de los profesionales contratados por los distintos órganos socialistas, centrales y territoriales, como la documentación que justificó esas contrataciones.
En concreto, el magistrado exige las notas de encargo profesional, los contratos y los expedientes que permitieron autorizar los servicios. El objetivo es comprobar qué trabajos se encargaron, en qué condiciones se formalizaron y qué documentación respaldaba las relaciones profesionales.
El nuevo plazo llega después de que el primer requerimiento no fuera atendido. El PSOE deberá ahora responder en el tiempo fijado por el juez, respetando las limitaciones legales relacionadas con el secreto profesional y el derecho a no aportar información que pueda incriminar a la propia formación.
La investigación adquiere especial relevancia por las conclusiones recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la actuación de Ana María Fuentes, gerente federal del PSOE.
Según el informe policial citado por The Objective, Fuentes habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán, de falsear presuntamente dos notas de encargo profesional.
