Los principales economistas españoles han cargado con dureza contra el nuevo paquete anticrisis, rebajas fiscales, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente al repunte de precios energéticos provocado por la guerra en Irán.
Las medidas, que incluyen una reducción del 10% en el IVA de los carburantes –inspirada en una propuesta del PP– y rebajas generalizadas en gas y electricidad, son calificadas de “populismo energético” por su elevado coste fiscal, escasa eficiencia y carácter regresivo.
Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, explica que “en mercados con oferta rígida y poca competencia, una parte relevante de la subvención no llega al consumidor final”. Así lo recoge VozPópuli.
Según García, las empresas distribuidoras tienden a aumentar sus márgenes, como ya ocurrió en 2022, en lugar de trasladar íntegramente la rebaja al precio final.
Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol y Elcano, coincide: “No es una buena medida. En momentos de fuerte subida de carburantes, bajar impuestos manda una imagen contraria a la transición energética e incentiva el consumo, especialmente entre rentas altas”.
Desiderio Romero-Jordán, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Funcas, añade que la medida “es cara y no discrimina”, beneficiando proporcionalmente más a los hogares de mayor capacidad económica. Además, recuerda que España tiene “escaso margen” con las reglas fiscales europeas y urge una deflactación del IRPF para corregir la “progresividad en frío” ante el repunte inflacionista.
El profesor Santiago Calvo, de la Universidad de las Hespérides, va más lejos en VozPópuli y califica la bajada generalizada de carburantes como “ni eficiente ni justa”. “Subsidia a todos los conductores con independencia de su renta; engrosa márgenes de distribuidoras, como ya ocurrió en 2022; y destruye la señal de precios que el propio Gobierno dice necesitar para acelerar la transición energética. Es populismo energético”, sentencia.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, advierte de que muchas empresas se deducen el IVA de la luz, por lo que la medida resulta neutra para ellas y acaba repercutiendo en inflación. Prefiere concentrar las rebajas en impuestos especiales (hidrocarburos y electricidad), que nadie deduce y permiten un mayor control.
Los expertos coinciden en que el “escudo social” (bono social, ayuda al térmico y prohibición de cortes) va en la dirección correcta, pero alertan de que sin compensación pública el coste se socializa vía tarifas y lo pagan el resto de consumidores. Si la guerra se prolonga, advierten, estas rebajas serán insostenibles y podrían tener efectos contraproducentes.
El plan anticrisis llega en un momento delicado: con el pulso interno entre PSOE y Sumar, la falta de apoyos garantizados en el Congreso y el riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales europeas. Los economistas piden medidas más selectivas y focalizadas en rentas bajas, en lugar de rebajas generales que, según ellos, distorsionan el mercado y retrasan la transición verde.
