Es la España pobre, hundida y fracasado. La España de los que no trabajan y de los que seguramente, como los ilegales de Ceuta gritan eso de: “Viva Pedro”. Las cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Social vuelven a evidenciar el fracaso estructural de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE. Lejos de ser una medida de emergencia temporal, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha consolidado como un gigantesco mecanismo redistributivo que ya alcanza a 2.761.686 personas distribuidas en 905.792 hogares. Todo un récord justo antes de las elecciones generales.
Mientras Moncloa presume de que la economía «va como un cohete», el número de ciudadanos dependientes de la beneficencia estatal se ha incrementado en cerca de 400.000 personas en tan solo doce meses, lo que representa un alarmante repunte del 16,5%. Muchos hablan de que ese es el gran feudo de votos de Sánchez junto con los inmigrantes, funcionarios y nacionalizados que jamás han pisado España.
Este desmedido crecimiento de la red subsidiarista contrasta frontalmente con la retórica gubernamental sobre la bonanza del mercado laboral. Lejos de crear las condiciones adecuadas para que las familias alcancen la independencia económica mediante un empleo productivo y el mérito individual, el Ejecutivo premia la dependencia del presupuesto público.
El coste mensual del abono de las nóminas del IMV ha escalado de los 426 millones de euros en septiembre de 2025 a 479 millones en el mismo mes de 2026, acumulando una factura presupuestaria que supera ya los 22.700 millones de euros desde su implantación en 2020.
Analistas y sectores de la oposición a Pedro Sánchez coinciden en señalar que esta espiral de gasto contribuye a perpetuar una masa de votantes cautivos del sanchismo, adormecidos por la paga estatal en lugar de incentivar la cultura del esfuerzo y la inserción profesional.
Resulta incoherente que desde los perfiles oficiales de la Seguridad Social se celebre como un éxito de protección social el hecho de que casi 2,8 millones de personas sobrevivan a base de pagas no contributivas.
El perfil del titular refleja una abrumadora mayoría femenina (68%) y una clara presencia de nacionalidad española (82,6%), dentro de un sistema que penaliza la competitividad y asfixia a la clase media a base de impuestos para financiar un asistencialismo crónico. La verdadera prosperidad de una nación no se mide por la cantidad de personas a las que el Estado mantiene subordinadas con subsidios, sino por la capacidad de sus ciudadanos para prosperar mediante su propio trabajo sin depender del beneplácito del poder político.
