La madrugada de este miércoles ha terminado con un nuevo enfrentamiento entre el Ministerio del Interior de Marlaska y los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Poco después de la una de la madrugada del 28 de octubre, los dirigentes sindicales que permanecían encerrados en la Secretaría de Estado de Seguridad fueron desalojados, según han denunciado las propias organizaciones, después de que la protesta quedara bloqueada por la ruptura de las negociaciones con el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
El encierro había comenzado el martes por la tarde, después de que una reunión con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, terminara sin acuerdo. Los representantes de nueve organizaciones reclamaban compromisos firmes para mejorar las condiciones de jubilación de ambos cuerpos y reconocer a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo.
La respuesta final ha provocado una oleada de indignación entre los afectados. «Este Gobierno no desaloja a los okupas, ni la Puerta del Sol, pero sí desaloja a los legítimos representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil», ha denunciado JUPOL en sus redes sociales. El sindicato establece así un paralelismo entre la actuación de Interior contra los representantes de los agentes y la permanencia de otras ocupaciones que, a su juicio, reciben un trato muy diferente por parte de las autoridades.
Las palabras pronunciadas por los representantes sindicales reflejan la dureza del enfrentamiento. Durante la protesta han denunciado lo que califican de trato vejatorio, han reclamado la dimisión de Marlaska y han censurado que se recurra a efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para poner fin a un encierro protagonizado por representantes de los propios cuerpos policiales.
Laura García, de JUPOL, denunció la actuación del Ministerio y lamentó que finalmente se hubiera conseguido desalojar a quienes habían acudido a Interior para reclamar mejoras laborales. Los representantes aseguran que se sienten «apedreados en la calle» y consideran que la actuación del ministro supone un agravio para quienes desempeñan su trabajo en condiciones de riesgo.
La indignación se extiende también a Independientes de la Guardia Civil (IGC). Su presidente, Daniel Fernández, ha denunciado la intervención contra los representantes que permanecían en la Secretaría de Estado de Seguridad para exigir una jubilación digna y el reconocimiento de la profesión de riesgo, en igualdad de condiciones con las policías autonómicas y locales.
Uno de los aspectos más graves de la denuncia sindical es la advertencia sobre posibles consecuencias disciplinarias. JUPOL sostiene que el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha tratado de intimidar a las organizaciones mediante un mensaje difundido desde la cuenta oficial e institucional de la Policía Nacional.
«Cada decisión tiene sus consecuencias y la libertad también implica responsabilidad», es la advertencia que el sindicato atribuye a esa comunicación y que interpreta como una amenaza directa contra los representantes sindicales.
JUPOL ha respondido que la cuenta institucional de la Policía Nacional pertenece a todos y no debe utilizarse, según denuncia, para presionar a quienes ejercen la representación de los agentes. Las organizaciones advierten de que no se van a rendir y que estudiarán nuevas medidas para defender sus reivindicaciones.
El conflicto llega después de meses de negociaciones. Interior sostiene que ha trabajado para avanzar en el reconocimiento de la profesión de riesgo y en una mejora de la jubilación, pero justifica la interrupción de las conversaciones por la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre. Los sindicatos, por su parte, denuncian que siguen sin disponer de garantías concretas y jurídicamente vinculantes.
La pregunta que queda sobre la mesa es por qué quienes reclaman mejores condiciones para los profesionales encargados de garantizar la seguridad pública han terminado desalojados del propio Ministerio del Interior. Los sindicatos exigen responsabilidades y mantienen su pulso para conseguir una jubilación digna y el reconocimiento de una profesión que, recuerdan, afronta riesgos diarios al servicio de los ciudadanos.
