El cerco judicial sobre la financiación del PSOE y la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sumado un nuevo capítulo este jueves con el despliegue de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Tribunal de Cuentas.
Por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, los agentes han reclamado nueva documentación sobre las donaciones recibidas por Ferraz después de que el cotejo de los datos entregados en septiembre por el organismo fiscalizador revelara discordancias en las cuentas de la formación.
La diligencia se enmarca en la pieza separada y secreta abierta dentro del caso Koldo para esclarecer una presunta financiación ilegal y el sistema de reembolsos en efectivo de gastos adelantados por cargos del partido entre 2017 y 2024.
Las pesquisas arrancaron tras las revelaciones sobre cobros en metálico que no figuraban en la contabilidad oficial por parte del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, además de las aportaciones documentales del comisionista Víctor de Aldama sobre supuestas vías de financiación vinculadas a Venezuela.
Ahora, los investigadores ponen la lupa sobre el posible uso de fundaciones pantalla o métodos de fraccionamiento ("pitufeo") para eludir el límite legal de 50.000 euros anuales por donante y la prohibición de aportaciones de personas jurídicas, blanqueando presuntas mordidas de la trama.
Este nuevo movimiento policial contra la caja de Ferraz coincide en el tiempo con el escándalo de las denominadas "cloacas" vinculadas a la militante socialista Leire Díez y con una segunda operación simultánea de la UCO que vuelve a golpear al Gobierno. En la misma jornada, agentes del instituto armado se han personado tanto en el Ministerio de Igualdad como en el propio Tribunal de Cuentas a instancias de la Fiscalía Europea (EPPO).
