La maquinaria de Moncloa prepara el terreno para perpetrar una de las mayores afrentas a la justicia de la democracia reciente. Según desvela Ok Diario, Pedro Sánchez ya tiene urdido el plan para conceder un indulto a la carta al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos—, ejecutando la medida de gracia a hurtadillas una vez celebradas las elecciones generales del 29 de noviembre y con el Gobierno en funciones.
El movimiento busca un doble objetivo tan calculado como zafio: blindar a su hombre fuerte en la cúpula fiscal del castigo penal y, al mismo tiempo, blindarse a sí mismo en las urnas ocultando la decisión hasta que los ciudadanos ya hayan votado.
Con esta maniobra, Sánchez no solo pisotea de nuevo la independencia del Tribunal Supremo —en una escalada de hostigamiento judicial apoyada por el bloque sanchista del Tribunal Constitucional—, sino que vulnera con premeditación y alevosía la regla elemental de las democracias occidentales que prohíbe a un Ejecutivo en funciones adoptar decisiones trascendentales a espaldas del futuro presidente.
Este nuevo ejercicio de cinismo político entronca directamente con las ya clásicas piruetas de un presidente sin límites morales. El mismo dirigente que proclamaba ante los españoles que sentía «vergüenza» de que los políticos indultasen a otros políticos y que tachaba la amnistía de «inconstitucional», es el que arrodilló al Estado ante los separatistas catalanes indultando a los golpistas del 1-O en 2021 y aprobando una ley de amnistía a medida para amarrar la Moncloa tras el 23-J.
Ahora, acorralado por la corrupción y la degradación institucional que caracteriza su mandato, el sanchismo recurre una vez más a la felonía política para rescatar a los suyos, demostrando que para este Gobierno las leyes, la separación de poderes y la palabra dada no son más que moneda de cambio para mantenerse en el poder a cualquier precio.
