Marlaska destina 872.000 euros en vídeos para “lavar” su imagen tras las críticas policiales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aprobado un gasto de 872.000 euros en la contratación de servicios de producción de vídeos y fotografías destinados a mejorar la percepción pública de la Policía Nacional y del propio ministerio.

Según la información publicada por OkDiario este martes, el contrato busca difundir “de forma efectiva” la labor institucional del departamento en un momento en el que los cuerpos de seguridad acumulan fuertes críticas por parte de sus sindicatos y agentes.

El desembolso se produce mientras policías y guardias civiles preparan nuevas movilizaciones para protestar contra varias políticas del Ejecutivo. Fuentes policiales consultadas por el medio consideran que esta inversión en material audiovisual responde directamente al intento de contrarrestar el creciente descontento interno y las denuncias públicas sobre condiciones laborales, falta de medios y gestión de la seguridad.

El reportaje destaca que el ministerio, bajo la dirección de Marlaska, apuesta por una estrategia de comunicación intensiva similar a los antiguos noticiarios propagandísticos. De hecho, una columna de opinión del mismo diario califica la iniciativa como “el NO-DO de Marlaska”, en referencia a los documentales del franquismo.

Desmantelamiento de la Guardia Civil

El contrato, que ronda los 900.000 euros si se incluyen fotografías y otros soportes, se suma a otras polémicas recientes del ministro, como las denuncias por el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en ciertas comunidades o la reducción de equipamiento en comparación con la Policía Nacional.

Desde el Ministerio del Interior no han realizado comentarios oficiales sobre esta adjudicación. Sin embargo, el gasto llega en un contexto de tensión máxima con los representantes de los agentes, que en las últimas semanas han intensificado sus protestas y han advertido de que el malestar podría traducirse en una mayor conflictividad social si no se atienden sus demandas.

Con esta operación, Marlaska invierte casi un millón de euros públicos en intentar reconstruir una imagen institucional que, según los críticos, se ha deteriorado notablemente en los últimos meses.