En un nuevo episodio que pone en evidencia la politización de las instituciones bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, la Fiscalía (con sello PSOE) ha solicitado al Tribunal Constitucional que anule la condena impuesta por el Tribunal Supremo al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El alto tribunal había sentenciado a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El caso, que estalló en pleno escándalo político, demostró cómo el exfiscal general, nombrado por el Ejecutivo socialista, utilizó información confidencial para filtrarla a la prensa y dañar políticamente a la principal líder de la oposición.
Aquella maniobra no fue un error administrativo: fue un ataque descarado contra Ayuso y el Partido Popular, orquestado desde las más altas instancias del Ministerio Público controlado por la izquierda. El Supremo, con su sentencia, puso coto a esta intolerable intromisión y defendió el Estado de Derecho frente a quienes lo convierten en un arma arrojadiza.
Ahora, sin embargo, la Fiscalía de Pedro Sánchez corre en auxilio de su antiguo jefe. Con esta petición al Constitucional, el Gobierno del PSOE busca tumbar la decisión del Supremo y reinstaurar a García Ortiz en la vida pública, borrando de un plumazo una condena que simboliza la lucha contra el abuso de poder.
Este movimiento forma parte de la estrategia sistemática del Sanchismo por someter a la Justicia independiente: primero nombra a afines, luego los protege cuando son pillados in fraganti y, finalmente, utiliza todos los resortes institucionales para impedir que paguen por sus actos.
Mientras tanto, Ayuso y el PP siguen siendo el blanco preferido de una Fiscalía que actúa más como agencia de inteligencia del PSOE que como garante de la legalidad.
La petición llega en un momento clave: con el Gobierno en minoría y acosado por múltiples casos de corrupción, Sánchez necesita blindar a sus aliados judiciales para que nadie cuestione el “relato oficial”. Pero los españoles ya han visto demasiado. La anulación de esta condena no sería una victoria de la Justicia, sino la confirmación de que, para esta izquierda del Sanchismo, la ley solo vale cuando les conviene.
