Una nueva declaración en el juicio del ‘caso mascarillas’ ha vuelto a colocar en el centro de la polémica al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García. Leonor González Pano, exnovia del empresario Víctor de Aldama, compareció ayer como testigo en el Tribunal Supremo y aseguró que el propietario de Air Europa entregó 500.000 euros al propio Aldama y a Koldo García.
Según su testimonio, el pago se produjo en relación con las gestiones realizadas para que el Gobierno aprobara el rescate de 475 millones de euros concedido a la aerolínea en noviembre de 2020, en plena pandemia.
La testigo, que llegó al Alto Tribunal acompañada de su abogado José Aza, detalló ante los magistrados que los fondos fueron recogidos por Koldo García y Víctor de Aldama en la vivienda del dueño de la compañía. Estas afirmaciones refuerzan las sospechas de la Fiscalía de que Ábalos y su círculo más cercano pudieron recibir contraprestaciones económicas a cambio de impulsar la ayuda pública, una de las más controvertidas de la crisis sanitaria.
El rescate de Air Europa, gestionado a través de la SEPI, ha sido objeto de escrutinio desde hace años. Aunque el Ejecutivo defendió en su momento que se trataba de una operación necesaria para salvar 12.000 empleos y una compañía estratégica, las investigaciones judiciales han revelado posibles irregularidades en las gestiones políticas que facilitaron su aprobación.
Esta declaración se produce en el tercer día del juicio oral contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el ‘caso mascarillas’, en el que se investigan contratos irregulares durante la pandemia. Las nuevas revelaciones coinciden con otras comparecencias de la misma semana que también han señalado supuestos pagos en metálico y favores urbanísticos vinculados al exministro.
Fuentes judiciales consultadas por ABC indican que el testimonio de Leonor González Pano, aunque indirecto, aporta un nuevo hilo a la investigación sobre posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Ábalos, que siempre ha negado cualquier irregularidad, se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2025.
El caso continúa abierto y se espera que en las próximas sesiones se escuchen más testigos clave que podrían aclarar el alcance real de las gestiones realizadas por el exministro y su entorno en uno de los rescates más controvertidos del Gobierno de Pedro Sánchez.
