El informe definitivo de la Comisión de Investigación del Senado sobre el apagón que dejó a España a oscuras el pasado 28 de abril de 2025 ha sido rotundo: la principal responsabilidad recae sobre Red Eléctrica como operador del sistema eléctrico, sobre el Ministerio para la Transición Ecológica por su deficiente planificación energética y sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por no haber actuado a tiempo para evitar el colapso.
El documento, que se ha conocido hoy tras semanas de filtraciones de audios del centro de control de Red Eléctrica, concluye que “no se ven evidencias” de responsabilidad por parte de las compañías eléctricas privadas. De esta forma, el Senado exculpa a las generadoras y distribuidoras y centra las críticas en las instituciones públicas y en el gestor del sistema.
Según el informe, Red Eléctrica, presidida por Beatriz Corredor, falló en su papel de operador al no gestionar adecuadamente la situación de estrés en la red.
El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, es señalado por una planificación energética “inadecuada” que no previó los riesgos de una transición acelerada.
Por su parte, la CNMC es criticada por no haber ejercido una supervisión efectiva que pudiera haber evitado el “cero eléctrico”.
Los senadores han tenido acceso a grabaciones internas del centro de control que ya habían adelantado parte de las conclusiones. Estas evidencias han sido determinantes para fijar las culpas de forma tan clara y directa.
El informe del apagón no solo analiza lo ocurrido aquel 28 de abril, sino que subraya la necesidad de reformas profundas en la gobernanza del sistema eléctrico español. Aunque no detalla en este avance las medidas concretas que se recomiendan, sí deja claro que los fallos detectados fueron evitables y que la cadena de responsabilidades parte de las instituciones que debían garantizar la seguridad del suministro.
Con este documento, el Senado pone fin a meses de investigaciones y pone sobre la mesa un duro diagnóstico que obligará a las partes señaladas a dar explicaciones públicas en las próximas semanas. La ciudadanía, que sufrió las consecuencias de uno de los mayores apagones de la historia reciente, espera ahora respuestas y, sobre todo, garantías de que un suceso similar no volverá a repetirse.
