Del gran apagón al apagón informativo: un año de censura sobre 8.000 audios comprometedores

Un año después del histórico apagón eléctrico que dejó a España y Portugal sumidos en la oscuridad total, la opacidad informativa impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez ha pasado de ser una sospecha a un escándalo consumado.

Según revela Vozpópuli, más de 8.000 audios y comunicaciones intercambiadas entre Red Eléctrica de España (REE) y el Ministerio de Transición Ecológica permanecen censurados en la Audiencia Nacional, custodiados exclusivamente por el juez José Luis Calama. Fuentes cercanas a la compañía aseguran que este material sensible «salpica directamente al Gobierno», evidenciando fallos en la gestión previa al colapso, cuando el sistema ya lanzaba «señales inconfundibles de alarma».

El apagón del 28 de abril de 2025, bautizado como «cero energético«, paralizó el país durante horas críticas, afectando a millones de hogares, industrias y servicios esenciales.

Red Eléctrica y Transición Ecológica

Mientras el informe de la Comisión de Investigación del Senado apunta directamente a REE –presidida por Beatriz Corredor– y al Ejecutivo liderado entonces por Sara Aagesen en Transición Ecológica, las eléctricas privadas exigen acceso a esos audios para defenderse de las acusaciones.

La directora general de Operación de REE, Concepción Sánchez Pina, admitió en el Senado comunicaciones constantes con el Ministerio bajo el protocolo de «Operación en Situación de Emergencia«, pero esos mensajes –llamadas, correos y grabaciones– siguen clasificados. «Es el as en la manga que se guarda REE por si las cosas se tuercen judicialmente», señalan diversas fuentes a VozPópuli, subrayando cómo esta censura protege a la cúpula política de responsabilidades directas.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió cerca de 40 expedientes, dos de ellos «muy graves», contra empresas implicadas, pero eludió nombres en su informe inicial.

Informes previos al apagón también censurados

Paralelamente, el Ejecutivo alimentó teorías de sabotaje informático para desviar culpas, una narrativa desmontada por la Audiencia Nacional meses después, que confirmó la ausencia de «mínimos indicios» de ciberataque. Esta opacidad se extiende a informes previos, censurados a petición de las eléctricas para ocultar fallos en centrales nucleares, de gas y solares, complicando indemnizaciones multimillonarias que ya apuntan a los tribunales.

Además, Red Eléctrica reconocía tres meses antes del desastre que el sistema «podía colapsar». El paso del apagón global a un apagón informativo revela una estrategia deliberada del Gobierno para silenciar pruebas que podrían derribar su credibilidad energética.