La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha ordenado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no solicite al Tribunal Supremo una atenuante muy cualificada de confesión para el empresario Víctor de Aldama, pese a que Luzón consideraba su colaboración “esencial” en la investigación de la trama Koldo.
La instrucción de Peramato impide que el Ministerio Público modifique sus conclusiones provisionales y mantiene la petición de siete años de prisión para Aldama, además de una multa superior a 3,7 millones de euros por delitos de organización criminal, cohecho continuado y aprovechamiento de información privilegiada.
Sin la cooperación de Aldama, diversas fuentes de las acusaciones coinciden en que el caso Koldo no habría llegado a juicio, y Anticorrupción lo considera el “nexo corruptor” que ha facilitado datos clave desde las primeras fases de la investigación.
Una atenuante muy cualificada podría haber reducido la pena solicitada hasta unos tres años y medio de cárcel, lo que en la práctica hubiera evitado que el empresario ingresara en prisión, pero la decisión de la fiscal general frustra esa posibilidad.
Fuentes jurídicas señalan que la medida evita que Peramato tenga que justificar ante el Gobierno que la nombró una doble rebaja de pena para Aldama, el empresario que más ha afectado con sus declaraciones a las filas del PSOE.
Aunque Luzón está obligado a acatar la orden jerárquica, podría defender en su informe oral que la colaboración de Aldama merece una atenuante de mayor intensidad, que los magistrados podrían valorar de oficio si los hechos probados lo justifican.
