El Tribunal Supremo ha escuchado a Víctor de Aldama como acusado en el juicio del ‘caso mascarillas’, donde el comisionista ha servido como testigo clave contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. En su declaración, Aldama ha vinculado directamente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con una operación inmobiliaria de gran envergadura que se quedó en el aire.
Según su relato, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sacó a subasta el complejo de Campo Velázquez, una parcela de unos 43.000 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, donde hoy se ubica el Instituto de Empresa (IE). Aldama, contratado por un fondo internacional para gestionar la operación, presentó una oferta inicial de 250 millones de euros que luego se redujo a 208 millones.
El empresario ha explicado ante el tribunal que, pocos meses después de registrar la oferta, el exasesor Koldo García le llamó para pedirle que retirara la propuesta. “Me dijo que teníamos que quitarla porque Begoña Gómez, la mujer del presidente, quería Campo Velázquez para ella”, ha asegurado, cargando de contenido político la historia de una operación que, de consumarse, le habría dejado comisiones de entre 15 y 20 millones de euros.
Como contrapartida, Aldama ha relatado que Koldo le ofreció un suelo en la calle Padre Damián, en una zona de alto valor del centro de Madrid, pero cuya titularidad era opaca y no estaba clara entre distintos ministerios. “Un suelo donde ni saben quién es el propietario”, ha llegado a afirmar, subrayando que la operación nunca se cerró.
La intervención de Aldama en el Supremo no solo ha reavivado las dudas sobre la influencia del círculo más íntimo de Pedro Sánchez en operaciones inmobiliarias públicas, sino que también ha puesto bajo el foco la figura de Begoña Gómez, que no está acusada en este sumario, pero ha visto su nombre repetidamente citado en la sala.
