La Asociación para la Protección de Cabo de Palos (Procabo) ha denunciado la contradicción entre el discurso institucional sobre la gestión del agua en Cartagena y la existencia de vertidos sin depurar en Cala Reona, en pleno litoral del Mar Menor.
La organización ecologista responde así a las recientes declaraciones del Ayuntamiento, en las que se presenta al municipio como un referente internacional en reutilización de agua y resiliencia hídrica, con cifras que sitúan en el 98% el volumen de agua depurada reutilizada.
Según Procabo, esa imagen “ejemplar” choca con la realidad de la EDAR Mar Menor Sur, una instalación que, aseguran, vierte al Mediterráneo unos 4 millones de metros cúbicos de agua al año sin completar su depuración. La situación se agrava, añaden, porque el emisario de la planta permanece roto desde 2022, lo que provoca vertidos prácticamente en la orilla, con impacto directo sobre el ecosistema marino de Cala Reona, una zona de alto valor ecológico.
La asociación advierte de que estos vertidos aportan nutrientes al agua, favoreciendo procesos de eutrofización en un entorno especialmente sensible.
Procabo también cuestiona los datos ofrecidos por el Ayuntamiento. Según su análisis, si esos 4 hectómetros cúbicos anuales vertidos representaran solo el 2% del total tratado, Cartagena estaría gestionando alrededor de 200 hm³ al año, una cifra que consideran incompatible con el consumo urbano real. Para la asociación, esto evidencia que el porcentaje difundido no refleja de forma completa el funcionamiento del sistema, o deja fuera situaciones relevantes como la de esta depuradora.
Sostienen que no se trata de una incidencia puntual, sino de un problema estructural conocido desde hace años. Señalan directamente a las distintas administraciones -local, autonómica y estatal- por no haber impulsado una solución definitiva, pese a conocer tanto el origen del problema como las posibles actuaciones necesarias.
Además, recuerdan que el pasado 19 de febrero de 2026 se declaró la caducidad de la autorización ambiental de vertido, lo que abre interrogantes sobre la situación legal actual.La asociación concluye reclamando una respuesta inmediata y coordinada de las administraciones implicadas.
A su juicio, mantener vertidos en un entorno protegido mientras se proyecta una imagen de liderazgo en gestión hídrica supone una desconexión entre el discurso institucional y la realidad ambiental. “La ciudadanía tiene derecho a conocer la realidad completa, no solo su versión más favorable”, subrayan.
