La Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 10.001 euros que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática impuso a Falange por los actos de homenaje a José Antonio Primo de Rivera celebrados en Madrid los días 19 y 20 de noviembre de 2022.
El fallo estima el recurso presentado por la formación y deja sin efecto una de las multas más simbólicas aplicadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
La resolución judicial sostiene que la Administración no podía sancionar una manifestación que había sido previamente comunicada y que no fue prohibida. Además, advierte de que perseguir determinados actos sin acreditar de forma clara su encaje en la norma puede generar un efecto disuasorio sobre la libertad de reunión.
El expediente se abrió después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática considerara que durante los actos hubo exaltación del franquismo y homenajes contrarios a la ley. El procedimiento terminó con una infracción calificada como muy grave y una multa de 10.001 euros, la cuantía mínima prevista para ese tipo de sanciones.
La sentencia también recuerda que la ley de Memoria Democrática estaba pendiente de control constitucional y señala que no tiene rango orgánico, un argumento que refuerza la tesis del tribunal sobre los límites de su aplicación en este caso. Falange ha celebrado el fallo como una victoria jurídica frente a la sanción impuesta por el Gobierno.
El caso reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar la Administración al sancionar actos de contenido ideológico o de exaltación histórica, especialmente cuando no han sido prohibidos de antemano por la autoridad competente.
De esta manera, y de forma clara, la Audiencia Nacional estima el recurso contra la sanción que impuso el Gobierno de Pedro Sánchez por un homenaje a José Antonio Primo de Rivera.
