La Mesa del Congreso de los Diputados volvió a ser escenario de un nuevo bloqueo parlamentario con profundas implicaciones políticas y sociales.
Con los votos a favor de PSOE y Sumar, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha aprobado la septuagésima primera ampliación de los plazos de enmienda para la proposición de ley que busca reconocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Esta decisión supone, en la práctica, mantener la norma en el «congelador» por decimoquinta vez consecutiva, impidiendo que llegue a debatirse en comisión o en el Pleno.
El veto se produce en un momento de extrema sensibilidad, apenas cinco días después de la tragedia en las costas de Huelva. El pasado viernes, el capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González perdieron la vida a 80 millas de la costa, entre Punta Umbría y Mazagón, cuando dos patrulleras del Servicio Marítimo colisionaron durante una persecución a alta velocidad contra una narcolancha.
El suceso ha reabierto las heridas de la tragedia de Barbate de 2024 y ha puesto de manifiesto, una vez más, la precariedad de medios y el riesgo extremo al que se exponen los agentes en la lucha contra el narcotráfico.
Fuentes del Partido Popular denuncian que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha comunicado la prórroga de 15 días sin ofrecer explicación alguna. Detrás de esta estrategia dilatoria se esconde el temor del Ejecutivo del PSOE a perder una votación clave.
La iniciativa, que salió del Senado con un amplio respaldo en junio de 2024, podría contar con el apoyo de varios socios habituales del Gobierno, lo que dejaría al PSOE en la incómoda tesitura de tener que votar en contra de una reivindicación histórica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El clima de tensión se ha visto agravado por la campaña para las elecciones autonómicas andaluzas de este domingo 17 de mayo. La candidata socialista, María Jesús Montero, incendió el debate electoral el pasado lunes al calificar repetidamente la muerte de los agentes como un «accidente laboral», evitando el término «muerte en acto de servicio». A pesar de su rectificación parcial en redes sociales, el malestar en las asociaciones de guardias civiles es absoluto, acusando a la ministra de «frivolizar» con el dolor de las familias.
La ausencia de ministros del PSOE y del propio Pedro Sánchez en los funerales —justificada oficialmente por la crisis del hantavirus— ha sido interpretada por el Cuerpo como un abandono institucional.
Este sentimiento se materializó este miércoles en la Academia de Baeza (Jaén), donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue recibido con una sonora pitada y abucheos durante una jura de bandera. Aunque el ministro intentó corregir a Montero afirmando que las muertes fueron en acto de servicio, la «rabia» expresada por Marlaska no fue suficiente para aplacar el clamor de una institución que se siente, una vez más, moneda de cambio en el tablero político.
