La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles el juicio contra la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, y otros tres responsables municipales del Ayuntamiento. Los acusados se enfrentan a un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental.
Según la información disponible, los hechos se centran en la supuesta omisión reiterada durante años de medidas necesarias frente a las numerosas quejas de los vecinos por las molestias generadas por el restaurante ‘El Casón de la Quinta de San Antonio’. Los afectados denunciaban ruidos, olores y otras perturbaciones derivadas de la actividad del establecimiento.
Antonia Alcázar, militante socialista y máxima responsable del consistorio, es la figura más destacada entre los acusados. Su vinculación familiar con María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha puesto el foco mediático sobre el caso.
La Fiscalía considera que los ediles, con su inacción, habrían incumplido de forma consciente sus obligaciones como autoridad pública, favoreciendo presuntamente los intereses del restaurante en detrimento del bienestar de los residentes. Este tipo de delitos de prevaricación implica la adopción o, en este caso, la no adopción arbitraria de resoluciones administrativas a sabiendas de su ilegalidad.
El caso de la alcaldesa vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre desarrollo económico local —representado por la hostelería— y el derecho de los vecinos a disfrutar de un entorno residencial adecuado. Fuentes municipales consultadas por ABC defienden que se actuó conforme a la normativa, mientras que los denunciantes sostienen que existió una clara dejadez en la protección del interés general.
Se espera que durante la vista oral se escuchen testimonios de vecinos afectados, técnicos municipales y los propios acusados. La sentencia, que se conocerá en las próximas semanas o meses, podría tener importantes repercusiones políticas en un pequeño municipio de la Comunidad de Madrid.
Este juicio se produce en un momento de especial sensibilidad hacia los casos de corrupción urbanística en ayuntamientos, independientemente del color político. La presunta prevaricación de la alcaldesa socialista mantiene en vilo a Velilla de San Antonio.
