Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este miércoles a la Dirección General de la propia Guardia Civil para recabar información sobre posibles presiones internas.
Según fuentes jurídicas consultadas, el objetivo principal es determinar si existieron órdenes para expedientar a agentes que investigaban al PSOE, especialmente en relación con los casos vinculados a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Estas diligencias se enmarcan en el conocido como ‘Caso Leire’.
Las pesquisas están dirigidas por el teniente coronel Balas, quien busca documentación sobre expedientes disciplinarios abiertos —presuntamente con conocimiento del propio ministro del Interior— contra guardias civiles que participaban en investigaciones sensibles. Todos estos expedientes fueron finalmente archivados sin sanción, lo que ha levantado sospechas sobre un posible uso político de la Benemérita.
De forma simultánea, la UCO también ha realizado actuaciones en la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde busca información sobre posibles facturas falsas destinadas a financiar las denominadas “cloacas del PSOE”.
Este movimiento representa un salto cualitativo en la investigación, ya que la UCO entra ahora en las propias tripas del cuerpo del que forma parte, buscando evidencias de si se intentó obstaculizar o castigar investigaciones legítimas contra dirigentes socialistas.
Fuentes próximas a la investigación indican que se trata de esclarecer si hubo una cadena de mando que intentó proteger a altos cargos del PSOE mediante presiones internas en la Guardia Civil.
El caso adquiere mayor relevancia en un momento de máxima tensión política, con múltiples frentes abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La oposición ya ha calificado estos hechos como “una prueba más de la instrumentalización del Estado por parte del PSOE”.
La Dirección General de la Guardia Civil ha confirmado la presencia de los agentes de la UCO, aunque ha declinado hacer más comentarios argumentando que se trata de una investigación en curso bajo secreto de sumario.
Este registro se suma a la intensa actividad judicial de las últimas semanas y pone el foco en las posibles conexiones entre el poder político y el operativo de las fuerzas de seguridad del Estado.
