El sumario del ‘caso Fontanera’ continúa desvelando episodios que apuntan a una red de influencias tejida alrededor de Leire Díez, la exmilitante socialista señalada por la UCO como figura central en una estructura destinada a interferir en procesos judiciales sensibles.
Uno de los hechos más llamativos recogidos en la investigación es la petición que Díez habría trasladado al diputado socialista Juanfran Serrano: colocar laboralmente a una mujer que había denunciado por delito sexual al fiscal José Grinda.
Según la documentación incorporada al sumario que reproduce El Español, Leire Díez presentó el caso como una “prioridad” y aseguró que la denunciante necesitaba apoyo institucional.
La exmilitante habría insistido en que Serrano, mano derecha de Santos Cerdán y figura clave en la estructura orgánica del PSOE, debía buscarle un puesto, sugiriendo que se trataba de una petición avalada por “los de arriba del Gobierno”.
Los investigadores interpretan este movimiento como un intento de ganarse la confianza de la denunciante y, al mismo tiempo, influir indirectamente en un procedimiento judicial de alto perfil.
El Español detalla que esta solicitud se produjo en un contexto en el que Díez presumía de tener acceso directo a altos cargos del Ejecutivo y de poder “activar actuaciones” en distintos ámbitos institucionales. El sumario recoge además que la exmilitante mantenía contactos con empresarios, mandos policiales y miembros de la Fiscalía, presentándose como intermediaria con capacidad para “resolver problemas”.
La UCO considera que este episodio encaja en un patrón más amplio: la utilización de favores, promesas de colocación y supuestas conexiones políticas para influir en personas clave de procedimientos judiciales. Los investigadores sostienen que Díez actuaba en coordinación con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en una estructura destinada a proteger intereses del partido y del entorno del presidente.
El caso continúa ampliándose con nuevas revelaciones que afectan a dirigentes socialistas, mandos de la Guardia Civil y miembros de la Fiscalía. La Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias para determinar si estas actuaciones podrían constituir delitos de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y revelación de secretos.
