La imagen pública de Rosa Villacastín, durante décadas asociada a la prensa del corazón, ha dado un giro tan inesperado como incómodo. Su nombre aparece ahora ligado al caso Leire Díez, la presunta “fontanera” del PSOE que, según el auto del juez Santiago Pedraz, coordinó una estructura destinada a desacreditar a la UCO y a difundir materiales contra jueces, fiscales y policías que investigaban casos sensibles para el sanchismo.
Villacastín figuraba como presidenta del Grupo Crónica Libre, el digital que, según la investigación, fue utilizado como altavoz de los contenidos elaborados por la trama.
La propia cabecera presumía públicamente de tenerla al frente, un detalle que hoy adquiere una relevancia explosiva: Crónica Libre habría servido como instrumento mediático para intoxicar el debate público y proteger al entorno político del PSOE.
El auto judicial describe una estructura integrada por Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la periodista Patricia López, fallecida recientemente, a quienes atribuye actuaciones coordinadas para obtener y difundir información sensible. Parte de ese material terminó publicado en Crónica Libre, bajo la presidencia de Villacastín, cuya cercanía ideológica al sanchismo ha sido evidente en los últimos años.
A ello se suma un dato especialmente grave: pagos del PSOE por 18.000 euros al digital, camuflados bajo conceptos de publicidad electoral. Una cifra que, para muchos, confirma que Crónica Libre no era un medio independiente, sino una pieza más del engranaje propagandístico del sanchismo.
Aunque Villacastín no está imputada, su papel como presidenta del medio la sitúa en el centro de un escándalo que desmonta su pose de “periodista comprometida”. Muchos entienden ahora su defensa a ultranza del PSOE: no era convicción, sino alineamiento con una maquinaria diseñada para atacar a quienes investigaban la corrupción socialista.
