La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha exigido hoy explicaciones claras de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, sobre las reuniones mantenidas por excargos de Álvaro García Ortiz con Leire Díez y su entorno. La organización llega a sugerir que Peramato debe dimitir si persiste en su actitud de opacidad.
En un comunicado contundente, la APIF —que ejerció la acusación popular contra el exfiscal general— califica de “máxima gravedad” las informaciones publicadas sobre las dos reuniones entre el exteniente fiscal Diego Villafañe, la fiscal de la Secretaría Técnica Beatriz López y Leire Díez junto al abogado Jacobo Teijelo.
Para la asociación, las evidencias apuntan “indiciariamente” a una posible cooperación de la Fiscalía para apoyar “estrategias de influencias, corrupción y falsedad” en perjuicio de la Administración de Justicia.
La APIF expresa su “intranquilidad” ante la ausencia de respuestas sobre tres cuestiones clave: por qué se aceptaron las entrevistas, cuál era su objetivo real y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción. “La ausencia de respuesta tiñe estas reuniones de fines espurios que no tienen amparo legal”, señalan.
La asociación critica duramente la falta de transparencia de la actual fiscal general: “El Ministerio Público debe ser completamente transparente como garantía para el ciudadano. No pueden existir ámbitos opacos”. Y añade que la responsabilidad de Peramato en la dirección del Ministerio Fiscal es “grave” si no aclara los hechos.
Por su parte, la Asociación de Fiscales también ha mostrado su “profunda indignación” ante la “insuficiente y vaga” respuesta de la Fiscalía General, especialmente por la presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal que pretendía actuar contra instituciones del Estado y miembros de la carrera fiscal.
La APIF reclama que se solicite a la Inspección Fiscal la apertura de diligencias de investigación y que se tome declaración al propio Álvaro García Ortiz, actualmente penado. Este nuevo episodio intensifica la crisis de credibilidad del Ministerio Público y aumenta la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez en un momento en el que las cloacas del PSOE siguen bajo el escrutinio judicial.
