El cerco judicial y mediático sobre José Luis Rodríguez Zapatero continúa estrechándose tras revelarse que en 2024 percibió 200.000 euros de una empresa vinculada al empresario que ese mismo año obtuvo la concesión de una mina de oro en Perú, una operación de enorme rentabilidad y relevancia estratégica.
Según La Gaceta de la Iberosfera, el pago se efectuó a través de una sociedad con sede en España conectada al entorno del expresidente, lo que ha despertado dudas sobre un posible intercambio de favores o gestiones de influencia en el país andino.
El empresario beneficiado por la concesión minera habría mantenido contactos previos con figuras del entorno de Zapatero, lo que ha llevado a los investigadores a analizar si el expresidente actuó como intermediario político o reputacional, aprovechando su red de relaciones en Latinoamérica, donde mantiene vínculos estrechos con gobiernos y líderes afines.
La situación se tensó aún más cuando El Independiente reveló que Zapatero, durante su declaración ante el juez José Luis Calama, rehusó responder sobre el origen del dinero. “Yo de eso no voy a decir nada”, afirmó, según fuentes presentes en la sala. Su silencio ha sido interpretado como un intento de evitar contradicciones mientras la UCO rastrea transferencias, contratos y comunicaciones entre España y Perú.
Los investigadores consideran que este pago podría encajar en un patrón más amplio de actividades económicas opacas vinculadas al expresidente, que ya está siendo examinado por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y ocultación patrimonial. La UCO analiza si la operación peruana forma parte de una red de consultorías internacionales que, bajo apariencia legal, habrían servido para canalizar pagos procedentes de empresarios con intereses en sectores estratégicos de Latinoamérica.
Además, fuentes próximas al caso señalan que el cobro de 200.000 euros coincide temporalmente con otros movimientos financieros bajo investigación, lo que podría reforzar la hipótesis de una actividad continuada de intermediación política. La Fiscalía estudia si estos ingresos deben considerarse retribuciones encubiertas por gestiones ante gobiernos extranjeros, lo que podría constituir delitos de corrupción internacional.
La investigación sigue abierta y se esperan nuevas diligencias en las próximas semanas, especialmente tras la aparición de documentación que vincula a sociedades españolas con operaciones extractivas en Perú.
