La Región de Murcia denuncia seis meses de retraso en la norma estatal para proteger a los bomberos forestales

La futura regulación estatal sobre prevención de riesgos laborales para los bomberos forestales ha unido a doce comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla en una misma reclamación: que el texto se redacte con consenso y junto a las administraciones responsables de los operativos de extinción. Entre ellas figura la Región de Murcia, que se ha sumado al frente común para pedir al Gobierno que retome el proceso de elaboración del decreto. Así lo confirma La Opinión.

La Región de Murcia, junto a Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Madrid y la Comunidad Valenciana, ha respaldado un comunicado conjunto en el que se expresa la preocupación de estas administraciones por el desarrollo del proyecto de real decreto que debe establecer las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral para los bomberos forestales.

Las comunidades consideran que el procedimiento seguido hasta ahora no se ajusta a lo previsto en la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, que establecía la obligación de aprobar una normativa específica de prevención de riesgos laborales en el plazo de un año y hacerlo mediante un proceso acordado con las administraciones competentes.

Según sostienen las autonomías firmantes, el plazo legal ya se ha superado en más de seis meses y el principio de elaboración conjunta contemplado en la ley no se ha materializado. En este sentido, denuncian que la participación de las comunidades se ha limitado a fases de información pública y reuniones informativas sobre borradores previamente redactados por el Ejecutivo.

Además, aseguran que gran parte de las aportaciones realizadas de manera consensuada por las administraciones autonómicas han sido descartadas durante la tramitación del texto.

Las regiones muestran también su inquietud por el contenido técnico del borrador. A su juicio, la propuesta actual no incorpora de forma suficiente la experiencia operativa acumulada por los servicios de extinción de incendios forestales, una circunstancia que podría traducirse en dificultades durante la gestión de emergencias.