La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia han decidido plantarse ante el Gobierno central y reclamar un papel activo en la negociación del futuro del trasvase Tajo‑Segura, una infraestructura clave para el abastecimiento y la agricultura del sureste español.
Los responsables autonómicos de Agricultura, Miguel Barrachina (Valencia) y Joaquín Buendía (Región de Murcia), se reunieron en la Oficina de la Generalitat en Madrid para fijar una posición común y exigir que cualquier modificación de las reglas de explotación se realice con todas las partes afectadas presentes.
Ambos gobiernos denuncian que el Ejecutivo está avanzando en cambios sustanciales sin contar con ellos, pese a que las decisiones pueden tener un impacto directo en el empleo agrícola, la industria agroalimentaria y el suministro urbano de agua. Entre las propuestas que se están valorando figura la reducción de los caudales trasvasables Tajo-Segura, especialmente en niveles 2 y 3, lo que supondría menos recursos hídricos para el Levante.
El contexto es especialmente tenso tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo, que han consolidado la obligación de aplicar los caudales ecológicos previstos en el plan de cuenca 2022‑2027.
Estas resoluciones han acelerado la redacción de un nuevo decreto por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, lo que ha encendido las alarmas en las comunidades receptoras del trasvase Tajo-Segura
Barrachina y Buendía insisten en que el futuro del Tajo‑Segura “no puede decidirse en una mesa cerrada entre el Gobierno y una sola comunidad autónoma”, en referencia a Castilla‑La Mancha, que presiona para reducir los envíos al Levante. Ambos reclaman que se escuche también a los regantes, a los usuarios y a los territorios que dependen del agua para mantener su actividad económica.
Las dos comunidades coinciden en que la defensa del trasvase Tajo-Segura es una cuestión estratégica y advierten de que no aceptarán decisiones unilaterales que comprometan el desarrollo del sureste español.
