La Policía detecta movimientos masivos de inmigrantes desde el interior de Europa hacia España para regularizar su situación

Las mafias de inmigración irregular han encontrado un nuevo filón en la regularización extraordinaria de extranjeros anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según fuentes policiales consultadas por ABC, los expertos de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional llevan varios meses detectando un importante flujo de inmigrantes que, ya instalados en otros países de la Unión Europea, se desplazan ahora hacia España con el objetivo de legalizar su situación.

Estas organizaciones criminales están utilizando la libertad de movimiento que permite el espacio Schengen para trasladar grupos de personas desde países como Italia, Alemania o Francia hasta la Península. Una vez en territorio español, los migrantes acceden a los procedimientos de regularización impulsados por el Ejecutivo, lo que les permite obtener una autorización de residencia y trabajo. Las mafias cobran cantidades importantes por organizar estos traslados, documentaciones y, en algunos casos, por facilitar contactos o falsificar requisitos.

El fenómeno se ha intensificado en las últimas semanas, coincidiendo con el anuncio de la medida gubernamental. Un claro ejemplo es la avalancha de personas que se ha registrado en el Consulado de Argelia en Alicante, donde centenares de inmigrantes se agolpan diariamente para tramitar su documentación.

Colapso adicional

Fuentes policiales alertan de que esta estrategia no solo supone un colapso adicional para los servicios de Extranjería y los consulados españoles, sino que también genera un efecto llamada que puede afectar al conjunto de la Unión Europea. “Lo que hoy resuelve España mañana lo pagarán otros socios comunitarios”, señalan. Por ello, consideran imprescindible reforzar la cooperación policial internacional y compartir información de inteligencia para desarticular estas redes transfronterizas.

La situación ha generado un intenso debate político y jurídico. El Tribunal Supremo ya ha advertido que la regularización masiva podría vulnerar el derecho europeo, mientras que desde la oposición se acusa al Gobierno de improvisación y de incentivar la inmigración irregular.