La Comisión Europea ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que solicita la imposición de una multa a España por no haber incorporado a su ordenamiento jurídico dos importantes directivas sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
La norma principal permite a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos españoles aplicar una exención del IVA cuando realizan operaciones en otros Estados miembros de la Unión, simplificando así su actividad transfronteriza y reduciendo su carga administrativa. La segunda directiva actualiza las reglas del IVA aplicables a servicios digitales, bienes de segunda mano y obras de arte.
Todos los Estados miembros estaban obligados a adoptar las medidas necesarias para incorporar estas directivas antes del 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, España no ha completado aún este proceso legislativo, lo que ha motivado la acción judicial de Bruselas.
De prosperar la petición, España podría enfrentarse a una sanción económica y a la obligación inmediata de transponer las normas para evitar posibles multas adicionales. Esta nueva demanda se suma a los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra países que incumplen los plazos de adaptación de la legislación comunitaria.
