El Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado una línea roja que desdibuja las fronteras de la democracia española para adentrarse en los oscuros terrenos del autoritarismo. El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha destinado recursos del Estado a confeccionar un informe secreto y exhaustivo para fichar a 280 periodistas, directivos de medios y tertulianos. Este dosier, elaborado a finales de 2023, no es un simple resumen de prensa, sino una auténtica lista negra en la que se clasifica a los profesionales de la información en función de su docilidad o resistencia frente al relato oficial del sanchismo.
Las decenas de folios, cerca de 60, que componen este siniestro documento incluyen fotografías, currículums y, lo más alarmante, etiquetas ideológicas para cada individuo. Ha sido El Confidencial el medio que ha destapado este grave hecho.
Descripciones como "reconocido anti-sanchista", "alineado con posiciones de derechas", "crítico con la amnistía" o, en el lado amable para el poder, "afín al PSOE" y "apoya al Gobierno", inundan unas páginas que parecen calcadas de los manuales de la Stasi.
Que el ministerio encargado de velar por la seguridad de todos los españoles dedique a su Oficina de Comunicación y a miembros de las Fuerzas de Seguridad a vigilar y catalogar el pensamiento de la prensa libre es una degradación institucional sin precedentes.
Lejos de depurar responsabilidades ante este escándalo mayúsculo, el aparato propagandístico de Moncloa ha cerrado filas. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha tenido el cuajo de normalizar esta persecución ideológica tildándola de mero "documento de trabajo" y excusándose burdamente en que "no sirve para señalar".
Sin embargo, la gravedad del asunto es tal que hasta en las filas socialistas surgen grietas: el portavoz en el Congreso, Patxi López, ha tenido que desmarcarse reconociendo que le repugnan las listas que clasifican por ideología. ¿Qué uso se le da a un informe que detalla si un redactor comulga o no con la cesión ante el independentismo? La respuesta flota en el ambiente de un Ejecutivo obsesionado con acorralar a los medios críticos que destapan la corrupción en su entorno más íntimo.
La indignación no se limita al ámbito periodístico, sino que ha prendido con fuerza entre quienes realmente sufren la nefasta gestión de Marlaska. La Confederación Española de la Policía (CEP) ha emitido un durísimo comunicado calificando esta catalogación de "práctica repugnante". Los agentes, que se juegan la vida en lugares como Ceuta hacinados y sin los refuerzos necesarios, claman contra un Ministerio incapaz de proteger las fronteras pero sorprendentemente ágil y dotado de recursos cuando se trata de espiar a columnistas y directores de periódicos.
Elaborar listas ciudadanas basadas en la afinidad política es el primer síntoma de un Estado que agoniza democráticamente. Cuando el poder emplea su maquinaria para vigilar a quienes tienen el deber de fiscalizarlo, la libertad de expresión queda herida de muerte.
El "dosier Marlaska" quedará para la historia como el retrato de un Gobierno dispuesto a todo para perpetuarse, midiendo el grado de sumisión de una prensa a la que ansía controlar.
