El Ejecutivo del Sanchismo y la cúpula fiscal han pisado el acelerador en su política de fronteras. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han cerrado un acuerdo para consumar de manera inmediata el traslado masivo a la Península de los menores inmigrantes retenidos en Ceuta (menas) desde la gran invasión vivida a finales del pasado mes de julio.
Esta decisión se produce en un contexto de máxima tensión, marcado por las exigencias internacionales y las reclamaciones del reino alauita respecto a sus nacionales.
Lejos de reforzar el control de las fronteras exteriores o exigir una mayor firmeza diplomática, el Gobierno opta por intensificar la saturación del territorio peninsular mediante un paquete urgente de 500 plazas habilitadas para este fin.
«El acuerdo institucional elude el debate sobre el control efectivo de las fronteras y traslada de forma precipitada los flujos descontrolados hacia el conjunto de las comunidades autónomas.»
Durante la reunión celebrada en la sede fiscal, ambas dirigentes justificaron la medida escudándose en la protección de los menores, obviando el profundo malestar social generado por la inseguridad en las ciudades autónomas.
Asimismo, el decreto dictado por la Fiscalía el pasado mes de agosto coacciona directamente a las administraciones autonómicas al obligar a los fiscales a actuar contra cualquier región que muestre reticencias ante los repartos impuestos desde Madrid.
Mientras tanto, los propios informes del Ministerio Público alertan del preocupante incremento de la delincuencia juvenil y los delitos graves en el país, una problemática que los sectores críticos achacan a la falta de rigor en las políticas de extranjería y a la dejación de funciones del Estado en materia de seguridad nacional.
