El municipio de Santomera (Murcia) vuelve a situarse en el centro del debate sobre la inmigración irregular tras un amplio operativo contra las conocidas ‘casas patera’, viviendas donde redes y particulares se lucran alojando a personas en situación vulnerable y, en muchos casos, sin documentación en regla.
La intervención, coordinada por el Ayuntamiento junto a Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local e Inspección de Trabajo, se saldó con 138 personas identificadas, siete viviendas inspeccionadas y cinco detenciones por infracciones graves vinculadas a la Ley de Extranjería.
El dispositivo, desplegado en torno a la calle Sánchez Laorden, movilizó a más de 50 agentes y técnicos municipales. Además de las viviendas, se revisaron diez establecimientos públicos, donde se detectaron irregularidades administrativas y deficiencias en las condiciones de habitabilidad. En total, se tramitaron diez sanciones, cinco de ellas relacionadas con seguridad ciudadana y otras cinco por incumplimientos graves en los inmuebles.
El alcalde, Víctor Martínez, fue contundente al señalar que el objetivo es “ir contra quienes trafican, explotan y se aprovechan de personas en situación de enorme vulnerabilidad”.
Subrayó que estas redes no solo facilitan la entrada y permanencia irregular, sino que además hacen negocio hacinando a seres humanos en condiciones indignas, generando problemas de convivencia y riesgos sanitarios y de seguridad para el conjunto del municipio.
Las inspecciones se enmarcan en la estrategia municipal para erradicar las ‘casas patera’ y reforzar el control del padrón, un mecanismo que —según fuentes municipales— algunas redes intentan utilizar para favorecer situaciones irregulares.
La nueva ordenanza del padrón incorpora controles más estrictos para garantizar que cada inscripción responde a una residencia real y legal.
El operativo también incluyó comprobaciones sobre posibles casos de explotación laboral, prostitución y tráfico de drogas, actividades ilícitas que suelen asociarse a viviendas donde se concentra población en situación irregular y sin supervisión.
Martínez agradeció la labor de los cuerpos policiales y de los servicios municipales, destacando “su enorme trabajo y coordinación” y reafirmando que Santomera seguirá utilizando “todos los instrumentos que permite la ley” para frenar estas prácticas y proteger tanto a los vecinos como a las personas explotadas por estas redes.
