El campo español vuelve a quedar en el centro de una polémica que conecta los intereses de Marruecos con antiguos dirigentes socialistas. La consultora Acento Public Affairs, fundada por el exministro del PSOE José Blanco y por Antonio Hernando, actualmente secretario de Estado de Telecomunicaciones, recibió importantes cantidades de organismos marroquíes por trabajos de lobby en Bruselas para defender los intereses de Rabat ante las instituciones europeas.
Según la información publicada por La Gaceta, Acento aparece inscrita en el Registro de Transparencia de la Unión Europea como representante de entidades marroquíes. La firma trabajó inicialmente para la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) y posteriormente, en 2024, incorporó también la representación de la Embajada de Marruecos. Los contratos se situaron en determinados ejercicios entre los 500.000 y los 600.000 euros anuales.
El dato resulta especialmente polémico por el sector al que afectaban esos intereses: el agrícola. Mientras antiguos dirigentes políticos españoles trabajaban para defender en Bruselas la posición marroquí, los agricultores de Almería, Murcia y la Comunidad Valenciana llevan años denunciando la creciente presión del tomate procedente de Marruecos.
Las cifras ayudan a entender el conflicto. España importó de Marruecos 87.603 toneladas de tomate fresco durante 2025, un 31,5% más en volumen y un 67,1% más en valor que el año anterior. Durante 2026, las entradas continuaron aumentando y, según los datos citados en la información, siete de cada diez tomates importados por España procedían del país vecino.
Organizaciones agrarias como COAG, UPA, ASAJA y FEPEX han denunciado reiteradamente que los productores españoles compiten en condiciones muy diferentes a las marroquíes. Costes laborales considerablemente inferiores, diferencias en exigencias fitosanitarias y las controversias sobre la aplicación de las preferencias comerciales a productos procedentes del Sáhara Occidental forman parte de las reclamaciones del sector.
El responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha llegado a comparar el coste de una jornada agrícola en España, cercana a los 90 euros, con los aproximadamente ocho euros en Marruecos.
La cuestión política resulta inevitable. Acento actuaba legalmente como lobby y ello no implica por sí mismo ninguna irregularidad. Pero el caso plantea una pregunta incómoda para el PSOE: ¿cómo puede defenderse políticamente al campo español mientras antiguos dirigentes socialistas cobran por representar en Bruselas los intereses agrícolas de un competidor directo?
La contradicción adquiere todavía mayor dimensión en un momento de creciente dependencia de Marruecos y después del giro del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. Para los agricultores españoles, el problema no es solamente quién gana dinero con el lobby, sino quién defiende sus intereses cuando sus competidores avanzan en el mercado europeo.
Mientras las explotaciones españolas afrontan costes crecientes y pérdida de superficie cultivada, Marruecos aumenta su presencia en los supermercados europeos. Y detrás de esa expansión aparece una nueva fotografía incómoda para el socialismo español: antiguos dirigentes del PSOE vinculados a una consultora que recibió dinero marroquí para defender en Europa los intereses de Rabat.
