El paso de Óscar Puente por el Ministerio de Transportes se confirma cada día más como un verdadero desastre para la seguridad ferroviaria en España. Tras su "digna" dimisión y la posterior sangría de 115 fallecidos entre las catástrofes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), la investigación judicial ha dejado al descubierto que la red de alta velocidad sigue en una situación vergonzosa y de riesgo flagrante.
Un escrito remitido este miércoles a la jueza de Montoro por los peritos del caso Adamuz revela la existencia de deformaciones en «al menos tres puntos» cercanos al lugar donde perdieron la vida 46 personas el pasado enero. Se trata de fallos graves y análogos a los que provocaron la rotura de la soldadura en el kilómetro 318,681, origen del brutal descarrilamiento del Alvia y su posterior choque contra un Iryo.
La indignación de los expertos es máxima al comprobar que el tramo donde se produjo la catástrofe había sido renovado por Adif en diciembre de 2025, apenas 30 días antes del accidente. Que solo diez meses después Adif solicite de urgencia autorización para batear y nivelar los mismos puntos recién "arreglados" resulta, en palabras de los peritos, «cuanto menos curioso» y evidencia la chapuza de gestión que dejó como legado la etapa de Puente.
Para colmo de males, los técnicos han denunciado que Adif ni siquiera ha aportado la documentación sobre las obras de emergencia tras el siniestro. Mientras el exministro intentaba salvar su imagen y buscar responsables externos, la realidad de las vías demuestra que la infraestructura española continúa operando con deficiencias intolerables que costaron decenas de vidas.
