La fase de ejecución de la sentencia del ‘caso mascarillas’ ha echado a andar con una contundente orden económica del Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal ha concedido un plazo estricto de 15 días al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario comisionista Víctor de Aldama para que hagan efectivo el pago de un total de 647.000 euros. El requerimiento, dictado tras la condena emitida el pasado junio, busca liquidar las sanciones derivadas de las mordidas y los abusos cometidos durante la gestión de la pandemia.
El auto del alto tribunal detalla de forma pormenorizada las obligaciones económicas de cada implicado. En concepto de multas, Ábalos deberá desembolsar 52.500 euros, Koldo García 45.750 euros y Víctor de Aldama 75.000 euros. A estas cuantías se suma la restitución de las mordidas vinculadas al delito de cohecho, que ascienden a 430.298 euros. Según consta en la resolución judicial, esta partida corresponde a las ganancias ilícitas de las que se beneficiaron conjuntamente los tres condenados, actuando Aldama como el encargado principal de repartir los fondos.
Asimismo, el Supremo exige una reparación directa a las arcas públicas por el uso irresponsable de los recursos del Estado. Ábalos y Koldo han sido requeridos para indemnizar «conjunta y solidariamente» con 34.450 euros a la empresa pública Ineco y con 9.500,54 euros a Tragsatec. Ambos montos corresponden al quebranto patrimonial provocado por la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, quien cobró sueldos públicos de estas entidades sin llegar a desempeñar trabajo alguno.
El inicio de este procedimiento de recaudación afianza el cumplimiento de las severas penas privativas de libertad dictadas contra la cúpula del Ministerio de Transportes, que fijaron 24 años de prisión para Ábalos y 19 para Koldo. Por su parte, Aldama evita la entrada en el presidio tras haber evitado la pena de cárcel mediante su colaboración decisiva con las investigaciones judiciales.
