La investigación sobre el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha dado un vuelco decisivo que apunta directamente al corazón del Ejecutivo. La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil ha detectado la rastro de la Secretaría de Estado de Comunicación de La Moncloa en la filtración masiva de los audios del centro de control de Adif.
Según las diligencias técnicas que desvela El Debate, los metadatos de las grabaciones difundidas a varios medios apenas tres horas después del siniestro del pasado 28 de octubre guardan referencias explícitas al departamento gubernamental.
Los agentes investigan si Moncloa editó, recortó y preparó una versión seleccionada de las grabaciones para distribuirla de forma coordinada a través de WhatsApp.
El objetivo habría sido construir un relato express en la misma tarde de la catástrofe que costó la vida a 69 personas: señalar apresuradamente a un trabajador de circulación como el único responsable e «inexplicable» causante del choque entre el AVE y el convoy de Iryo.
El propio exministro de Transportes, Óscar Puente, admitió haber escuchado las grabaciones antes de su publicación, en una comparecencia pública donde dinamitó la presunción de inocencia del técnico. Esta maniobra desató una oleada de indignación sindical —con CCOO exigiendo su cese inmediato y el Sindicato de Circulación denunciando el uso del empleado como «chivo expiatorio»— que culminó en los tribunales para frenar la vulneración del secreto de custodia.
Mientras la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz mantiene el secreto de sumario, la comprobación del código hash de los archivos originales de Atocha frente a las copias distribuidas por el Gobierno podría derivar en la apertura de una pieza separada por revelación de secretos.
Moncloa, por su parte, se niega a dar explicaciones ante una sombra de sospecha que deja al descubierto la utilización del aparato del Estado para desviar responsabilidades políticas tras la peor tragedia ferroviaria de los últimos tiempos.
