Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha dejado una confesión que retrata el papel de los sindicatos mayoritarios en la España de Pedro Sánchez: la huelga convocada para el próximo 11 de noviembre no está dirigida contra el Gobierno, sino contra la patronal. Una movilización que se celebrará apenas 18 días antes de las elecciones generales y que el propio dirigente sindical reconoce que tiene un componente político.
«No es una huelga electoral, no», asegura Álvarez. Sin embargo, admite que «políticas son todas las huelgas» y que nunca ha conocido una huelga general que no pretendiera cambiar las políticas del país. La diferencia, según explica a ‘Un café en las alturas’, es que esta será «la primera vez en democracia» que los sindicatos convocan un paro que no va contra el Ejecutivo.
¿La razón? La estrecha sintonía de UGT con el Gobierno de Sánchez. Álvarez presume de haber compartido con el Ejecutivo medidas como la conversión de casi cuatro millones de empleos precarios en contratos indefinidos y el acuerdo de pensiones. «Con este Gobierno hemos compartido cuestiones tan importantes», sostiene.
El dirigente sindical de UGT, también conocido en redes como el ‘comegambas’ sitúa a la patronal como principal destinataria de la protesta y acusa a las empresas de obtener grandes beneficios mientras los trabajadores pierden poder adquisitivo. Reclama un reparto de la riqueza y una subida salarial de entre el 4% y el 7%, además de un incremento mínimo del 7% del salario mínimo en 2027.
Álvarez también responsabiliza a la crisis de la vivienda de impedir que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades con sus salarios. UGT reclama limitar los alquileres, ampliar el parque público y activar ayudas. Sin embargo, sus exigencias se dirigen fundamentalmente a la patronal y a las políticas de mercado, mientras el Ejecutivo que lleva años gobernando queda fuera del objetivo de la huelga.
La postura vuelve a alimentar las críticas contra unos sindicatos que, para sus detractores, han abandonado la función de fiscalizar al poder para convertirse en aliados políticos del Gobierno. En un país marcado por el endeudamiento, los problemas de financiación de la Seguridad Social, el encarecimiento de la vivienda, la inseguridad y los salarios que no permiten llegar holgadamente a fin de mes, UGT y CCOO mantienen el foco sobre empresarios y lo que califican como «ultraderecha».
Una imagen que también se ha repetido en movilizaciones sindicales: dirigentes y representantes con banderas y pañuelos palestinos, mientras las reivindicaciones laborales conviven con consignas políticas y causas internacionales. Para sus críticos, esa mezcla evidencia que las organizaciones sindicales han convertido parte de su actividad en una plataforma ideológica.
Durante la entrevista, Álvarez también se ha referido al accidente ferroviario de Urda y ha defendido a los trabajadores del sector, pidiendo que no se señale a personas antes de que avance la investigación.
«Hay que esperar y ver que la investigación avance», ha afirmado, rechazando que el siniestro pueda atribuirse sin más a un error humano. El dirigente sindical ha cuestionado por qué no se invierte y actualiza el sistema ferroviario antes de que ocurran tragedias.
Álvarez ha recordado además a la exministra Fátima Báñez, fallecida en el accidente, y ha destacado su talante y su disposición a buscar acuerdos.
La huelga del 11-N se presenta así como una movilización que UGT reconoce política, aunque su máximo dirigente insiste en que el objetivo no es el Gobierno de Sánchez.
Una explicación que deja una pregunta sobre la mesa: ¿por qué los sindicatos no convocan una protesta de igual contundencia contra el Ejecutivo por los problemas que afectan cada día a millones de españoles?
