Agricultores murcianos en pie de guerra por el plan anticrisis de Sánchez

En plena escalada de costes derivada del conflicto en Oriente Medio, las ayudas aprobadas por el Gobierno para compensar el encarecimiento de los fertilizantes han encendido las alarmas en las organizaciones agrarias, que enuncian que llegan tarde, son insuficientes y, sobre todo, están rodeadas de una burocracia que puede dejar fuera a miles de profesionales.

Para el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, el procedimiento diseñado por el Ejecutivo es "complejo y con trabas", mientras que la cuantía resulta "totalmente insuficiente". A su juicio, "el Gobierno demuestra que no está a la altura de las circunstancias" y advierte de que las consecuencias las acabarán pagando "agricultores, ganaderos y también los consumidores".

La crítica parte del análisis realizado por Asaja, que alerta de que el nuevo sistema de ayudas, incluido en el Real Decreto Ley 7/2026, introduce requisitos que dificultan seriamente el acceso. A diferencia de lo ocurrido durante la guerra de Ucrania, cuando las compensaciones se concedieron de oficio, ahora los solicitantes deberán presentar una declaración responsable por vía telemática. Para ello, será imprescindible disponer de firma digital, manejar procedimientos informáticos y cumplir condiciones como acreditar al menos 5.000 euros de ingresos agrarios en la renta de 2024, además de conservar durante cuatro años las facturas de compra de fertilizantes.

Es imprescindible disponer de firma digital y manejar procedimientos informáticos para acceder al escudo social

La organización considera especialmente llamativo el desequilibrio de plazos: mientras la Administración se reserva hasta cuatro meses para publicar los listados de beneficiarios, los agricultores apenas dispondrán de 15 días hábiles para completar el trámite. "Si el Gobierno quiere ayudar de verdad al campo, que lo haga fácil", reclaman desde el sector, insistiendo en que el modelo elegido "en la práctica estará excluyendo sobre todo a pequeños agricultores y agricultores mayores".

Este último punto es clave. La población agraria envejecida —con una media cercana a los 65 años— encuentra serias dificultades para adaptarse a la digitalización forzada de los trámites. A ello se suma la falta de formación específica y las carencias de conectividad en muchas zonas rurales, lo que convierte el proceso en una carrera de obstáculos.