Mientras España vive un verano de récord turístico, los agricultores que producen la patata con la que se hacen las tortillas de los bares y restaurantes están sufriendo pérdidas millonarias. La organización agraria COAG ha denunciado la grave crisis que atraviesa la patata nueva española por la competencia desleal de las importaciones francesas.
Según la organización, los grandes operadores de suministro a la hostelería están colocando “masivamente” patata vieja francesa de conservación a precios irrisorios (15-20 céntimos por kilo). Esto ha provocado que el precio en origen de la patata nueva española —recién recolectada en Murcia y Andalucía— se haya desplomado hasta los 25-30 céntimos, muy por debajo de los 35-40 céntimos que cuesta producirla.
Resultado: toneladas de patata nacional de excelente calidad se acumulan sin salida en los campos mientras los hoteles y restaurantes sirven producto importado.
“Mientras los hoteles, bares y restaurantes viven uno de sus mejores junios en años, los agricultores que producen la patata están al borde de la ruina”, ha denunciado Alberto Duque, responsable de patata de COAG.
Francia ya copa el 73% de las importaciones de patata en España, con un aumento del 23% en la última campaña. En diez años, las compras de patata gala han crecido un 33%, alcanzando las 941.000 toneladas en 2025.
Esta situación refleja la desprotección del campo español frente a competidores comunitarios y una distribución que prioriza el precio más bajo por encima de la calidad, el origen y el apoyo al productor nacional.
COAG reclama medidas urgentes: que grandes superficies y operadores de Horeca prioricen la patata nueva española durante la campaña, un etiquetado claro y visible del origen, el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios por encima de los costes de producción, y campañas de promoción que pongan en valor el producto nacional.
El mensaje es rotundo: si no se defiende la producción española, el campo seguirá sangrando, las explotaciones cerrarán y España dependerá cada vez más del extranjero incluso para un producto tan básico como la patata.
Una vez más, el campo paga el precio de una política agraria que mira más a Bruselas y a los grandes intereses comerciales que a los productores y al medio rural español.
