
Murcia y el resto de comunidades del PP boicotean la reunión del Gobierno y la califican de “ilegal” para frenar el nuevo reparto de menas
El Ejecutivo de Fernando López Miras, junto con todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular —a excepción de Ceuta y Canarias—, ha plantado este miércoles a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebraba de forma telemática.
Según han explicado fuentes de los gobiernos regionales, la convocatoria era “ilegal” y ocultaba un intento del Gobierno central de reabrir el debate sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados (MENA). El orden del día incluía un punto que pretendía establecer el número mínimo de plazas de acogida que cada territorio debe asumir, algo que las autonomías del PP rechazaron de plano.
La ausencia colectiva ha sido total. Ninguna de las comunidades populares se conectó a la reunión. Solo Ceuta y Canarias, de manera excepcional, participaron en el encuentro virtual. Desde los ejecutivos autonómicos se insiste en que no se trata de un gesto aislado, sino de una respuesta unificada ante lo que consideran una maniobra del Ejecutivo de Pedro Sánchez para imponer un nuevo modelo de distribución que alteraría el actual equilibrio.
Racistas
La ministra Sira Rego no tardó en reaccionar. En declaraciones posteriores calificó a los populares de “racistas” y lamentó que “prefieran mirar hacia otro lado antes que asumir su responsabilidad con la protección de la infancia migrante”.
El boicot se produce en un momento de máxima tensión entre el Gobierno central y las autonomías del PP, que ya han manifestado en varias ocasiones su rechazo a acoger más menores sin que se garantice una distribución proporcional y financiada. Fuentes del PP regional murciano aseguran que “no vamos a permitir que se nos imponga una carga que no corresponde a nuestra capacidad real ni a los recursos disponibles”.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la fractura territorial que genera la gestión de la inmigración irregular y la atención a los menores no acompañados, un asunto que sigue sin acuerdo político entre las dos grandes fuerzas nacionales.


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