El Gobierno de España dará un paso decisivo contra la Fundación Nacional Francisco Franco. Según ha anunciado este el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Ejecutivo solicitará “de forma inminente” su extinción judicial al considerar que la entidad actúa contra el interés general y vulnera la dignidad de las víctimas de la dictadura.
En una rueda de prensa, Urtasun explicó que el Gobierno ya ha concluido el proceso administrativo previo y enviará al juez un expediente sólido que, según sus palabras, demuestra que la Fundación “debe ser cerrada”. “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura”, afirmó el ministro.
La medida se ampara en la Ley de Memoria Democrática y en la normativa reguladora de fundaciones. El Ejecutivo argumenta que la actividad de la Fundación Nacional Francisco Franco, creada para preservar la memoria y obra del dictador, resulta incompatible con los valores constitucionales y supone una humillación para las víctimas del Franquismo.
Fuentes gubernamentales indicaron que la decisión se ha tomado tras un exhaustivo análisis jurídico y que el dossier que se presentará ante los tribunales incluye pruebas suficientes para justificar la disolución de la entidad. El procedimiento judicial será el encargado ahora de dirimir si procede o no la extinción.
Esta iniciativa forma parte de la política de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, que ya ha impulsado otras medidas como la exhumación de restos del Valle de los Caídos o la retirada de símbolos franquistas en el espacio público.
La Fundación Nacional Francisco Franco, por su parte, ha defendido históricamente su labor como meramente cultural e histórica, rechazando cualquier acusación de apología del régimen. Sin embargo, el ministro Urtasun ha sido tajante: no hay lugar para este tipo de organizaciones en la España actual.
La solicitud de extinción judicial se producirá en las próximas semanas y será uno de los últimos actos relevantes en materia de memoria histórica de la presente legislatura. Se espera que la decisión judicial genere un intenso debate político y jurídico en los próximos meses.
