EH Bildu ha bloqueado la presencia de la oficina móvil de la Policía Nacional en 80 de los 107 ayuntamientos que gobierna en el País Vasco. El veto afecta al Vehículo de Documentación Integral (Vidoc), un servicio itinerante que facilita la expedición y renovación del DNI y el pasaporte en municipios alejados de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, evitando desplazamientos y largas esperas.
La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, denunció hoy el veto y lo calificó de “prejuicios políticos sin fundamento”.
“El servicio público debe estar por encima de los prejuicios políticos”, afirmó. Garmendia lamentó especialmente el impacto en Guipúzcoa, donde Bildu controla 51 de los 88 municipios y solo ha autorizado el servicio en Arrasate y Tolosa. En Álava, de 15 consistorios abertzales, seis rechazan la oficina móvil. En Vizcaya, donde la formación ha ganado terreno, solo seis de 41 ayuntamientos la han aceptado.
Durante su primer año de funcionamiento, las tres oficinas móviles (una por territorio histórico) han visitado 260 pueblos y realizado 9.432 trámites. El Gobierno envía la propuesta a todos los ayuntamientos y estos anuncian las fechas a sus vecinos. Sin embargo, la mayoría de los consistorios de EH Bildu —coalición liderada por Arnaldo Otegi y socia parlamentaria de Pedro Sánchez— han rechazado la iniciativa.
Vecinos de localidades como Tolosa han denunciado públicamente los perjuicios del veto, que obliga a desplazarse a las capitales. Garmendia subrayó que el servicio “contribuye de forma sustancial a mejorar la calidad de vida de muchos vascos” y lamentó que los ayuntamientos gestionados por Bildu priven a sus ciudadanos de esta prestación pública.
La decisión ha generado polémica en un momento en que EH Bildu aspira a consolidar su posición en las instituciones vascas. El boicot institucional deja sin este servicio a miles de personas, especialmente en zonas rurales y pequeñas localidades del País Vasco.
