Las empresas españolas destinan cada año 28.500 millones de euros en tiempo de personal a reclamar pagos atrasados, según apunta el Informe Europeo de Pagos 2026.
La cifra pone de relieve el peso de la morosidad sobre el tejido productivo y el lastre que supone para la gestión diaria de miles de compañías.
El problema no solo afecta a grandes grupos, sino también a pymes y microempresas, que suelen disponer de menos margen financiero para absorber retrasos en los cobros. En la práctica, esa carga administrativa obliga a desviar recursos que podrían emplearse en inversión, contratación o innovación.
El informe retrata además un entorno empresarial en el que la tensión de tesorería sigue siendo una preocupación central. La demora en los pagos reduce la capacidad de planificación, complica las relaciones con proveedores y puede terminar encareciendo la operativa de las firmas más expuestas.
En un contexto de presión sobre costes y márgenes, el dato vuelve a situar la lucha contra la morosidad de las empresas como una de las principales asignaturas pendientes de la economía española. El estudio apunta a una pérdida de eficiencia estructural que afecta tanto a la competitividad como a la estabilidad financiera de las empresas.
