La reciente muerte de los guardias civiles Jerónimo y Germán en una persecución de una narcolancha frente a las costas de Huelva ha vuelto a poner de manifiesto la grave crisis que afronta la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico en la costa occidental de Andalucía. Las organizaciones criminales, que han desplazado parte de su actividad desde Cádiz hacia Huelva ante la presión policial, superan con creces en medios y capacidad operativa al Instituto Armado.
Según datos recabados por la asociación Jucil, en Cádiz hay 2.720 agentes activos frente a un catálogo que exige 3.107, lo que supone un déficit de 387 efectivos. En Huelva, la provincia que se ha convertido en nuevo foco del narco, faltan otros 299. En total, 686 guardias civiles son los que faltan en el frente principal de esta batalla. En el conjunto de Andalucía, el déficit supera los 3.193 agentes.
Este problema de personal se suma a una carencia crónica de medios adecuados. Las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil no están preparadas para competir con las potentes zodiacs o “gomas” de los narcos, que alcanzan velocidades de hasta 120 km/h y realizan maniobras bruscas para provocar colisiones o averías.
Las fuentes especializadas consultadas por The Objective explican que las interceptaciones dependen casi exclusivamente de que las narcolanchas se queden sin combustible o sufran fallos mecánicos, ya que el abordaje resulta extremadamente peligroso.
A las dificultades operativas se une el alto coste humano. Los agentes y sus familias sufren acoso constante por parte de las mafias.
Las jornadas laborales de hasta 12 horas, con remuneración insuficiente y riesgo permanente de lesiones y agresiones, han convertido destinos como La Línea de la Concepción, Algeciras o Tarifa en un auténtico martirio. Como consecuencia, alrededor del 40% de los agentes en el Campo de Gibraltar solicita cambio de destino cada año.
Los guardias civiles también denuncian la ausencia de un protocolo claro de enfrentamiento. No pueden utilizar material antidisturbios ni disparar contra los motores de las narcolanchas, medidas que sí se aplican en otros países. “Hasta que Interior no decida implantar cambios, nuestro trabajo seguirá siendo perseguirlos y esperar a que tengan algún fallo”, lamentan.
Esta situación se agrava por la desaparición en 2022 del grupo élite OCON Sur, lo que, según la Fiscalía, frenó las incautaciones y procedimientos judiciales. Cuatro guardias civiles han muerto en poco más de dos años en incidentes relacionados con el narco (Barbate y Huelva), pero la estrategia del Ministerio del Interior apenas ha variado. El malestar en el Cuerpo es máximo, como se vio en los abucheos al ministro Marlaska durante un acto reciente.
Mientras las familias de la droga extienden su influencia, la costa andaluza sigue siendo un campo de batalla desigual donde los agentes arriesgan su vida con recursos limitados y escaso respaldo institucional. La seguridad ciudadana y el control del territorio exigen, según las asociaciones profesionales, una respuesta urgente y decidida.
